DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE AL MINISTERIO DE GOBIERNO Y A LA POLICÍA DESMOVILIZAR A GRUPOS CIVILES QUE EJERCEN VIOLENCIA

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió al Ministerio de Gobierno y a la Policía Boliviana a desmovilizar a grupos civiles que incurren en actos violentos y discriminatorios, y que amedrentan e intimidan a la población afectando y atentando la integridad personal de las y los ciudadanos, lo cual podría constituirse en la comisión de delitos, por lo que espera que el Ministerio Público actúe de oficio para iniciar una investigación.

La titular de la institución defensorial  respaldó su pedido en los hechos suscitados, este viernes, en la plaza Cala Cala, ubicada en la zona norte de Cochabamba, donde un grupo de personas, presuntamente pertenecientes a la Resistencia Cochala,  ingresaron con los rostros cubiertos y de manera violenta, haciendo detonar petardos y portando armas caseras para desalojar a empujones y gritos a quienes se encontraban en el lugar, entre ellas dos mujeres de pollera a quienes les profirieron insultos, obligándolas a salir del lugar.

 “La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por estos hechos y, en el marco del cumplimiento de su mandato constitucional, exhorta al gobierno transitorio a dar cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y asumir las acciones correspondientes contra estos grupos civiles organizados, que generan violencia contra la población y garantizar los derechos constitucionales de las y los bolivianos, en especial de la población vulnerable como lo son las mujeres y personas perteneciente a naciones y pueblos indígena originario campesinos”, manifestó.

Cruz recordó que como parte del acuerdo para pacificar el país, al que se arribó en la ciudad de Cochabamba, el Ministerio de Gobierno se comprometió a llevar adelante dicha desmovilización, lo cual hasta la fecha no hizo efectivo incumpliendo dicho compromiso.

La CIDH, como resultado de las observaciones preliminares realizadas tras su visita a Bolivia el 10 de diciembre del año pasado, emitió recomendaciones preliminares al Estado Boliviano, entre ellas, el desmantelar los grupos armados particulares, sean de uno u otro bando, que han ejercido violencia contra la población civil en todo el país, durante el conflicto post electoral que duró por casi dos meses.

La Defensora recordó que la Constitución Política del Estado, en el artículo 9, numeral 1, establece como uno de los fines y funciones del Estado, constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales.

Remarcó, asimismo, que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de color, origen,  cultura,  idioma, condición  económica  o  social,  u  otras  que  tengan  por  objetivo  o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona y que en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.