Defensoría del Pueblo pide pago de la Renta Dignidad y jubilaciones a domicilio o en cuentas bancarias; garantizar alimentación y salud para mayores de 65 o más años, en situación de calle y en centros de acogida
28 de Marzo de 2020 12:00 am
La Defensoría del Pueblo, a través de un pronunciamiento público, pidió que el pago de la Renta Dignidad y de las jubilaciones se realice a domicilio o en cuentas bancarias para proteger a las personas adultas mayores ante la emergencia provocada por el coronavirus COVID-19. Asimismo, demandó asistencia para personas adultas mayores de 65 años o más de edad, personas adultas mayores en situación de calle y en centros de acogida.
En el caso del pago de la Renta Dignidad y de Jubilación, la Defensoría identifica que las personas adultas mayores no cuentan con una oficina de reclamo o un número gratuito, tienen suspendido el pago a domicilio, se encuentran imposibilitadas de movilizarse por su naturaleza y con necesidades inmediatas de sustento alimenticio.
En el caso de la línea gratuita 800-10-1005 que el Gobierno anunció para asistir a la población mayor a 65 años, observa que recién estará habilitada desde el próximo lunes, lo cual preocupa puesto que esta demora genera incertidumbre y se desconoce cómo funcionará.
La institución defensorial considera que esta población podría enfrentar maltrato y vulneración de sus derechos por parte de familiares e inclusive no recibir su Renta Dignidad o Jubilación luego de haber sido cobrado; o que las personas adultas mayores podrían no consentir ni otorgar autorización al familiar para el cobro de la Renta Dignidad o Jubilación. Asimismo, hay personas de 65 o más años de edad que viven solas y no podrían cobrar su Renta Dignidad o su Jubilación.
La Defensoría del Pueblo exhorta a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, al Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR y las Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP’s, a establecer nuevos mecanismos para cumplir con este beneficio, como: depósitos directos a cuentas bancarias, pagos en barrios, comunidades o a domicilios con el apoyo de las FFAA.
Personas adultas mayores de 65 años o más de edad, además, no podrán abastecerse con productos o insumos mínimos necesarios, lo que vulneraría el derecho a una vejez digna establecida en la Constitución Política del Estado.
La Institución Defensorial exhorta al Órgano Ejecutivo al cumplimiento del derecho a una vejez digna plasmada en la Constitución Política del Estado y en la Ley Nº 369, para lo cual debe priorizar la provisión de alimentación suficiente que garantice condiciones de salud a las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad.
Los centros de acogida también están enfrentando problemas ante la emergencia provocada por el coronavirus COVID-19, porque tienen dificultad en obtener autorizaciones de circulación, están con desabastecimiento de alimentos y de medicamentos, entre otros insumos.
Por esta razón, la Defensoría pide a los gobiernos autónomos departamentales, a supervisar, gestionar y garantizar el abastecimiento de alimentos, artículos de primera necesidad, barbijos, alcohol en gel, medicamentos y medios de comunicación en estos sitios.
La institución defensorial también alerta que los adultos mayores en situación de calle están desprotegidos, porque por ejemplo, están imposibilitados de acudir a comedores gratuitos, que en algunos casos, les proveen el único alimento del día. Ante esta situación, pide a los gobiernos autónomos departamentales y municipales a habilitar centros transitorios con provisión de alimentos y atención en salud, y garantizar comedores gratuitos o entregar alimentos a domicilio.
La Defensoría advierte, en su pronunciamiento, que existen adultos mayores que viven solos o en pareja en sus domicilios y que éstos requieren ser identificados y socorridos en sus necesidades, para lo cual plantea que se realice un levantamiento zonificado de información.
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