Defensoría del Pueblo pide que Decreto de Indulto y Amnistía se amplié y considere la situación de mujeres privadas de libertad

La Defensoría del Pueblo, pidió que el Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, aprobado recientemente por la Presidenta Jeanine Áñez, ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, asegure una diferenciación de género y considere que las oportunidades en el área laboral, social y familiar para las mujeres en las cárceles, son desiguales con relación a los varones y muchas de ellas son madres que siguen al cuidado de sus hijos desde el encierro y son sustento de sus hogares que se encuentran fuera del penal.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en dos notas formales remitidas a la Presidenta del Estado y a la Presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, solicitó que se amplíe el alcance del Decreto y en él se incorpore a mujeres que se encuentran recluidas por micro tráfico, mujeres indígenas originarias campesinas, mujeres sin pareja o que también sea privado de libertad, mujeres cabeza de hogar que tengan a su cargo uno o varios de sus hijos o hijas menores 12 años de edad o que tengan a su cuidado hijas o hijos con discapacidad menores de dieciocho 18 años y mujeres embarazadas o con hijos lactantes.

La Defensora observa que el Decreto “tiene un carácter restrictivo” porque alcanza sólo a personas mayores de 58 años y no considera la situación de otras de menor edad que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad ante el coronavirus.

En ese sentido, también pide a ambas autoridades que el Decreto Presidencial, que se encuentra en la ALP en revisión para su posterior promulgación, considerar la inclusión de personas privadas de libertad menores de 58 años que sean padres y madres responsables del cuidado de uno o varios de sus hijos o hijas menores de 12 años de edad; personas enfermas crónicas; que viven con VIH/SIDA; con discapacidad leve moderada y grave; además de aquellos que hayan sobrepasado el plazo máximo de la detención preventiva, incluyendo presos políticos. 

En las notas observa, además, los requisitos establecidos en los artículos 5 y 8 del Decreto Presidencial, y sugiere que éstos deberían reducirse a los estrictamente necesarios en atención a la situación de emergencia actual, más cuando la obtención de los requisitos implicaría activar el sistema procesal y administrativo penitenciario, lo que se dificulta aún más con las medidas asumidas por la cuarentena total. “Es preciso simplificar el procedimiento de indulto y amnistía, a fin de que responda a la coyuntura que se atraviesa actualmente, si bien se han disminuido plazos, la gestión y obtención de requisitos generarán mayores dilaciones”, señala.

Indica también, que es necesario superar los problemas y restricciones con los que nacieron los anteriores indultos, a partir de que con los Decretos Presidenciales de Indulto 3519 y 3529 de 2018, solo se beneficiaron 665 personas privadas de libertad.

La Defensora pide que se tomen en cuenta estas observaciones y sugerencias en el marco de lo expresado por el Subcomité de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el 25 de marzo del 2020, ante la pandemia del coronavirus/COVID-19; la declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet sobre las medidas de liberación de las personas privadas de libertad; y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reducir el hacinamiento en las prisiones como una medida de contención de la pandemia. 

Cruz señala que es urgente aunar y articular esfuerzos en beneficio de la población penitenciaria altamente vulnerable al COVID-19, en los que se involucren a instituciones con trayectoria y experticia en el trabajo penitenciario, como la pastoral penitenciaria y otras que por su reconocida labor han marcado huella en el ámbito penitenciario.

En esa línea, puso a disposición los buenos oficios de la Defensoría del Pueblo “para que en el marco de los derechos humanos, logremos aportar al Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía soluciones y medidas agiles, que brinden respuestas a la actual crisis sanitaria que atraviesa el país”.