DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE SE INICIE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN PENAL CONTRA LA ALCALDÍA DE LA PAZ POR EL DESLIZAMIENTO DE ABRIL
21 de Agosto de 2019 12:00 am
Como resultado de una investigación iniciada por el deslizamiento ocurrido en abril pasado que afectó a los barrios Inmaculada Concepción, Kantutani y San Jorge, y el accionar de autoridades y servidores públicos ediles, la Defensoría del Pueblo emitió una Resolución Defensorial en la que solicita al Concejo Municipal de La Paz iniciar acciones para determinar posibles responsabilidades por la falta de información oportuna a la población sobre la situación de riesgo en la que se encontraban los sectores afectados, y por la falta de fiscalización, omisiones y acciones, por parte de autoridades y funcionarios municipales, para impedir nuevos asentamientos humanos legales e ilegales en esas zonas desde 1985.
Asimismo, se recomienda al Ministerio Público iniciar una investigación para determinar responsabilidad penal en el presunto fallecimiento de tres personas como resultado del desastre ocurrido, por la falta de información requerida el día del deslizamiento por parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y por la afectación de los bienes de varias familias.
En la Resolución Defensorial, que fue notificada en el día, además, se pide al Concejo iniciar las acciones legales, administrativas o disciplinarias que correspondan en contra del alcalde Luis Revilla, por la falta de colaboración y respuesta a la Defensoría del Pueblo, que el 7 de mayo pasado solicitó información relacionada al deslizamiento y a las acciones realizadas por el gobierno edil. No obstante que en cinco oportunidades (15, 16 y 23 de mayo y el 11 y 19 de junio) se hizo seguimiento a dicho requerimiento, hasta la fecha no se recibió una respuesta, incumpliendo lo establecido en el artículo 223 de la Constitución Política del Estado y del artículo 22 de la Ley 870 del Defensor del Pueblo.
De acuerdo a los resultados de la investigación, se evidencia la vulneración del derecho al acceso a la información de la población toda vez que recién al mediodía del 30 de abril personal edil informó del peligro y la necesidad de abandonar la zona, extremo que determinó que una gran parte de las personas pierda no sólo sus bienes, también animales, mascotas y en los casos más extremos, que tres personas presuntamente hayan perdido la vida, lo cual se pudo haber evitado si el personal municipal cumplía su obligación de informar, independientemente si el deslizamiento hubiera ocurrido o no, pues la previsión de posibles daños a la vida y la integridad de la población habitante del sector estaba por encima de cualquier otra consideración.
Esta falta de información también incidió en que no se ejecute una evacuación ordenada y a tiempo; esta situación se la puede evidenciar con el testimonio de una madre quien dijo que el 30 de abril ante la alarma de los vecinos salió a la calle donde personal con chalecos amarillos, a quienes identificó como personal de la Alcaldía le dijeron que vuelva a su casa y no estorbe. “Regresé a mi casa, ya se encontraba mi esposo entonces escuchamos un grito y mi esposo me dijo que salga a ver, cuando salí me agarraron personal de la alcaldía diciendo que tenía que retirarme del lugar porque se caería la casa y forcejeando con ellos ingresé a la casa y le dije a mi esposo lo que estaba pasando, tuvimos que salir corriendo, dejamos todo, mi bebe salió en pañales, a los dos minutos de haber salido de la vivienda se cayó la casa…”, relató.
De acuerdo a los elementos identificados en la investigación, el gobierno municipal de La Paz, desde al menos 1985 tenía conocimiento de que pese a que el área afectada no era adecuada para la edificación de viviendas por temas de salubridad y estabilidad y los riesgos que ello implicaba, omitió su responsabilidad de fiscalizar o no implementó acciones efectivas para evitar que dicho sector continúe siendo urbanizado, situación que determinó no sólo que las 68 viviendas que, presuntamente no contarían con autorización edil, hayan sido destruidas por el deslizamiento, sino también que se afecten otras viviendas de un sector más alto que habrían sido “arrastradas” por efecto de las construcciones referidas previamente.
Preocupa que el GAMLP no tome en cuenta que por la orografía de la ciudad de La Paz, sumada a la inestabilidad de sus suelos, no realice acciones de contención, más aún cuando en la ciudad cada cierto tiempo ocurren fenómenos similares que afectan asentamientos humanos y que en algunos casos han cobrado vidas humanas.