Defensoría del Pueblo plantea la creación de una Mesa Permanente que aborde y gestione problemáticas penitenciarias urgentes y estructurales
23 de Agosto de 2024 11:29 am
La Paz, 23 de agosto de 2024 (UCOM/DPB). – En el marco de la presentación del informe “Mujeres en cárceles de Bolivia”, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, planteó a las instituciones involucradas en la temática penitenciaria, tanto del Órgano Ejecutivo como Judicial, conformar una “Mesa de diálogo permanente para la problemática penitenciaria”, que canalice y gestione soluciones a las demandas urgentes, así como estructurales, en los centros penitenciarios del país.
“Pedimos a la Dirección General de Régimen Penitenciario, a la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Ministerio de Gobierno, al Tribunal Supremo de Justicia, al Fiscal General del Estado, que junto a seguridad penitenciaria y otros actores involucrados podamos generar una mesa de trabajo permanente sobre la problemática penitenciaria, que nos permita discutir estos temas sobre sectores tan vulnerables como son las mujeres que viven con sus hijos en centros penitenciarios”, señaló Callisaya en el cierre de la presentación de la mencionada investigación.
El documento, elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), entidad bajo tuición de la Defensoría del Pueblo, evidencia la situación en la que viven las mujeres privadas de libertad, de las cuales aproximadamente el 55% pertenece a poblaciones en situación de vulnerabilidad.
La autoridad defensorial acotó que, es necesario que el Estado cumpla con los compromisos asumidos como país ante instancias internacionales, en cuanto al cumplimiento y promoción de los derechos humanos, así como medidas específicas para garantizar el bienestar de poblaciones en situación de vulnerabilidad.
El informe “Mujeres en cárceles de Bolivia” contiene nueve recomendaciones hacia el Estado, para subsanar situaciones urgentes y paralelamente avanzar en la solución de los problemas estructurales como el hacinamiento carcelario, por ello la Defensoría del Pueblo plantea al Ministerio de Gobierno que elabore un plan de acción para regularizar la situación de mujeres privadas de libertad que cohabitan junto a sus hijos menores de seis años, así como otros problemas identificados que requieren del concurso de otras instituciones como la Asamblea Legislativa Plurinacional en la aprobación del uso de tobilleras electrónicas como una medida para bajar el hacinamiento.
En esa línea, la institución exhorta a la Dirección General de Régimen Penitenciario que realice las gestiones necesarias con los Gobiernos Autónomos Departamentales para regularizar el pago de prediarios a las privadas de libertad, sobre todo en los centros carcelarios de Chuquisaca, Tarija, Beni y Cochabamba; además de la adecuación de la infraestructura con ambientes para madres posparto
Del mismo modo, se exhorta al Ministerio de Gobierno, Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales cumplir con inversiones en centros productivos dentro de las cárceles, en conformidad a la Ley de Seguridad Ciudadana invirtiendo en infraestructura productiva y sostenible, teniendo el trabajo la base de la reinserción social.
Estas recomendaciones nacen de estas constataciones que se han realizado a partir de las verificaciones y entrevistas a las mujeres privadas de libertad y son concordantes con el informe: Cohesión Social de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) así como las recomendaciones realizadas a Bolivia en el Sistema Universal de Derechos Humanos a través del Comité contra la Tortura.
Al respecto, Olivia Guachalla, Presidenta de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputada expresó su apoyo a la iniciativa del Defensor del Pueblo, pues consideró importante incidir en la eliminación de cualquier caso de tortura, maltrato o vulneración de derechos humanos dentro de los centros penitenciarios. En esa línea, el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, adelantó su plena voluntad de participar en esta iniciativa que busca mejorar el sistema penitenciario en el país.