Defensoría del Pueblo rechaza la expulsión de policías de Shinahota y convoca a coordinar y dialogar a los actores del conflicto

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, rechazó la expulsión de un grupo de policías incitada, anoche, por un grupo de pobladores del municipio de Shinahota en el Chapare cochabambino y convocó a los actores del conflicto a coordinar y dialogar para garantizar las acciones de prevención en contra de la propagación del coronavirus COVID-19.

“La Defensoría del Pueblo rechaza los hechos suscitados en el municipio de Shinahota, donde un grupo reducido de pobladores de esa localidad, y no así la población en general, provocó e incitó a la expulsión de efectivos de la Policía Boliviana, lo que generó una tensión que pudo haber desencadenado en hechos de violencia y confrontación”, señaló Cruz.

Además, instó “a dirigentes sindicales, autoridades departamentales, municipales, policiales, de las Fuerzas Armadas y del Gobierno Central a agotar todos los mecanismos de coordinación y diálogo para que se aúnen esfuerzos para garantizar la prevención contra el contagio del COVID 19 y el derecho a la salud de sus habitantes”.

La Defensora solicitó “a todos los actores involucrados a no hacer un uso político de los hechos sucedidos, sino por el contrario dar prioridad a la actual situación sanitaria que se vive en el país”.
El 15 de abril un contingente de aproximado de 85 efectivos policiales arribó a tres municipios del trópico de Cochabamba con el objetivo de reforzar las medidas de prevención por la crisis sanitaria provocada por la expansión de la pandemia del coronavirus COVID 19.

Cruz recordó que, en el marco del proceso de pacificación iniciado tras el conflicto poselectoral de 2019, ya existe un contingente de efectivos de las Fuerzas Armadas en la zona del Chapare, “por lo que se deben generar los mecanismos interinstitucionales de coordinación con el objetivo de no crear confusión o inconvenientes entre ambas instituciones y las funciones que les corresponde”.

Ante un eventual ingreso, demandó a la Policía Boliviana generar los mecanismos de coordinación y acercamiento con autoridades municipales, sindicales y de la comunidad con el objetivo de preservar y garantizar la paz social en el sector y para dar cumplimiento a las medidas sanitarias.

La Defensora exhortó a evitar cualquier acción o determinación que pueda derivar en una escalada de violencia o conflictividad social, pues sólo generaría una exposición masiva al coronavirus COVID-19.

Por otro lado, la Defensora observó la determinación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI),  sobre el cierre, a partir de este 17 de abril, de todas las agencias financieras que atienden en las localidades de Villa Tunari, Eterazama, Villa 14 de Septiembre, Alto Chapare, Chimoré, Shinahota, Ivirgarzama y Entre Ríos, situación que afecta directa y principalmente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como son las personas adultas mayores, con discapacidad o mujeres embarazadas, generándose vulneración a sus derechos humanos por una barrera de acceso al servicio financiero absolutamente desproporcional.

Se conoce, dijo, que estas agencias bancarias ya contaban con resguardo militar que atendía a la población, por lo que no sería necesario suspender la atención al público de esas localidades, más aún si se toma en cuenta que el conflicto suscitado en la víspera, ocurrió sólo en la localidad de Shinahota.