DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECHAZA USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA PÚBLICA A VIGILIA EN DEFENSA DE TARIQUÍA E INSTA AL ESTADO PROMOVER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL CONFLICTO CON PETROLERA

La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus atribuciones constitucionales y convenios internacionales como el Acuerdo de Escazú, hace seguimiento al conflicto por la ejecución del proyecto Domo Oso X3 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y PETROBAS Bolivia S.A. en la Comunidad de Chiquiacá de la Provincia O’ Connor (Tarija). Es así, que en defensa del medio ambiente, desde mayo, un grupo de personas identificadas como miembros del Comité de Gestión y Defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, mantienen vigilia en rechazó del ingreso de funcionarios al área. 

El 8 de octubre, la estatal petrolera inició una demanda penal contra 21 dirigentes y pobladores de la comunidad por atentado contra la libertad de trabajo, proceso que la Defensoría del Pueblo hace seguimiento en protección de los derechos las personas que defienden los derechos humanos en asuntos medioambientales. En las últimas horas, el comité de defensa denunció el uso desproporcionado de la fuerza pública a tiempo de irrumpir la vigilia.

La Defensoría del Pueblo recuerda al Estado que, a través de la Ley N° 1182 (3 de junio de 2019), ratificó el Acuerdo de Escazú, en observancia de la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, la Ley N° 300 de 15 de octubre de 2012 y la Ley de Derechos de la Madre Tierra N° 071, normativas que protegen los derechos a un medio ambiente sano y reconoce los derechos de la Madre Tierra. 

En ese marco, la Defensoría del Pueblo rechaza el uso desproporcionado de la fuerza pública suscitado ayer en contra de los miembros del Comité que, en el ejercicio de su derecho constitucional, se encuentran en vigilia defendiendo los derechos humanos en asuntos medioambientales.

Por ello, esta Institución Nacional de Derechos Humanos, insta al Estado a agotar todos los mecanismos de solución de controversias, promoviendo la cultura de la paz, a fin de evitar sucesos indeseados y atentatorios contra los derechos humanos y garantizando el acceso a la información ambiental a la ciudadanía, periodistas y medios de comunicación. Asimismo, está institución defensorial dispone sus mejores oficios como facilitadores en el conflicto, a través de encuentros donde los actores depongan actitudes e intereses particulares para arribar a soluciones con acuerdos conjuntos en favor de la Madre Tierra.

La Defensoría del Pueblo ratifica su compromiso por la defensa de los derechos de la Madre Tierra y continuará velando por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos en asuntos medioambientales a fin de que todas y todos tengamos derecho a un ambiente sano y al desarrollo sostenible.

¡Defender a la Madre Tierra, es defender nuestro derecho a la vida!

La Paz, 23 de octubre de 2024