DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECLAMA JUSTICIA POR VÍCTIMAS DE LA MASACRE DEL 2019

Pasaron cinco años de la masacre de Senkata (El Alto), cuando el 19 de noviembre de 2019, resultado de la operación conjunta de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, ordenada por el Gobierno nacional y amparado en el Decreto Supremo 4078, al menos diez personas perdieron la vida. 

El 19 de noviembre, mientras los vecinos de la ciudad de El Alto, en los alrededores de la Planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Senkata, continuaban con sus bloqueos de manera pacífica, en horas de la mañana, en una operación conjunta militar – policial, se intervinieron los puntos de bloqueos (zanjas cavadas) para permitir el paso de vehículos del Ejército y la Policía con dirección a la Planta de Senkata, y así posibilitar el traslado de camiones cisternas para abastecer de combustible a la ciudad de La Paz.

Las investigaciones determinaron que esa jornada, en Senkata, hubo una masacre donde resultaron diez víctimas fatales: Devi Posto Cusi de 31 años; Pedro Quisbert Mamani (37 años); Edwin Jamachi Paniagua (31 años); Joel Colque Patty (22 años); Juan José Tenorio Mamani (22 años); Antonio Ronald Quispe Ticona (24 años); Clemente Eloy Mamani Santander (24 años); Milton David Zenteno Gironda (22 años); Rudy Cristhian Vásquez Condori (23 años) y Calixto Huanaco Aguilar, quien luego de una larga agonía, falleció al mediodía del 27 de noviembre de 2019.

Desde ese entonces, la Defensoría del Pueblo trabaja en el seguimiento del cumplimiento del debido proceso y a las labores investigativas se sumó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizando una investigación sobre los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019 en Senkata, Huayllani, Sacaba y Betanzos. Se estableció que se produjeron varias violaciones a los DDHH: 36 personas fallecidas y más de 800 heridos durante las protestas; detenciones arbitrarias y torturas; represión a la libertad de expresión y reunión.

Tanto la Defensoría del Pueblo como el GIEI, recomendaron al Estado realizar una Investigación imparcial de los hechos y la protección de los derechos humanos y garantías constitucionales.

Desde entonces, la Defensoría del Pueblo hace el seguimiento a estas recomendaciones ante el Ministerio Público y el Órgano Judicial, viendo con mucha preocupación que, a cinco años de lo acontecido, aún no existe una sentencia que esclarezca los hechos ocurridos y se identifiquen a los autores, privando del derecho a la justicia y a la verdad a las víctimas.

Por otro lado, la institución defensorial, trabaja promoviendo actividades colectivas y conmemorativas a fin de que los hechos suscitados no se vuelvan a repetir y que las y los bolivianos profundicemos nuestra reflexión apostando siempre por acciones afirmativas por la vida y que el único sistema que garantiza la pacífica convivencia es la democracia.

“DIGNIDAD, MEMORIA, JUSTICIA Y DEMOCRACIA”

 

La Paz, 19 de noviembre de 2024.