Defensoría del Pueblo se une a un esfuerzo interinstitucional para hacer seguimiento a los casos de violencia sexual y de feminicidios e infanticidios

La Defensoría del Pueblo, a través de la firma de un convenio, es parte de un esfuerzo interinstitucional para hacer seguimiento a los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, y los delitos de feminicidio e infanticidio; además de implementar políticas públicas de prevención de estos delitos.

El convenio de coordinación y cooperación interinstitucional fue suscrito por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya; el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Echalar; el Ministro de Justicia, Iván Lima; el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa; y el presidente de la Federación de Asociación de Municipios, Enrique Leaño. 

“Celebramos la apertura de los órganos judiciales y la iniciativa del Ministerio de Justicia, además de que participe la FAM, porque nos permitirá mejorar las condiciones de tramitación de los procesos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, y dar una salida a la población en esta temática”, dijo Callisaya en el acto de firma del acuerdo. 

El pacto tiene la finalidad de “generar mecanismos eficientes, eficaces y oportunos que garanticen la tramitación de los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, que tengan sentencia, y delitos de feminicidio e infanticidio, que se realizan ante los estrados judiciales, a objeto de dar estricto cumplimiento al ordenamiento legal vigente”. 

Además, busca “generar mecanismos institucionales efectivos, que  estén destinados a implementar políticas públicas de prevención de los delitos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes que tengan sentencia, y delitos de feminicidio e infanticidio”.

“No se puede negar que tanto el Estado como el Gobierno han mostrado avances para luchar con la violencia sexual, el infanticidio, el feminicidio, pero se debe reconocer que el sistema patriarcal es parte de una construcción histórica y por lo tanto que sigue siendo fundamental profundizar los programas y políticas en contra de esos flagelos”, dijo el Ministro de Justicia.

Para dar cumplimiento a este acuerdo, el documento establece la creación de la Comisión Nacional de Coordinación y Cooperación Interinstitucional, integrada por los representantes de las instituciones que rubricaron el convenio, además de la Comisión Departamental de Coordinación y Cooperación Interinstitucional, que planificará todas las actividades.  

Una vez conocidas las necesidades y problemas que se deben resolver en cada uno de los nueve departamentos, “cada una de las entidades firmante, según sus competencias y posibilidades, podrán promover y gestionar los instrumentos normativos necesarios, así como los mecanismos de apoyo institucional y logístico, a fin de resolver esos problemas y necesidades”.