Defensoría del Pueblo vela por la seguridad del personal de salud de El Alto y demanda garantías al Estado

La Defensoría del Pueblo vela por la seguridad de los trabajadores en salud de los establecimientos médicos de El Alto y solicita al Estado, mediante el Ministerio de Salud, otorgar garantías a su integridad personal ante los ataques que sufrieron por parte de vecinos de esa ciudad.

“La Defensoría del Pueblo solicita a su autoridad adoptar, de manera inmediata, las medidas de seguridad necesarias, que garanticen la integridad del personal de los establecimientos de salud de la ciudad de El Alto, para que puedan desarrollar sus funciones en sus lugares de trabajo con normalidad, y así asegurar el derecho a la vida y a los servicios de salud de la población”, señala la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en una misiva remitida al ministro del área, Marcelo Navajas.

En días pasados, sucedieron en esa ciudad una serie de ataques al personal de salud. El 30 de abril, al menos un centenar de personas apedreó dos autobuses del sistema municipal de transporte Waynabus, los que trasladaban al personal de salud. El viernes 1° de mayo, en el sector de Puente Vela, fue apedreada una unidad del Servicio de Ambulancias de Urgencias y Emergencias Médicas (SUMA), que se dirigía a recoger a un paciente

En otra jornada, en Rurrenabaque, obligaron a enfermeras y médicos a abandonar el hotel donde se hospedaban.

La Defensora del Pueblo recuerda que la OMS recomendó a los gobiernos, ante la emergencia por el COVID-19, “monitorear ataques contra los trabajadores de la salud para impedirlos y asegurarse de que puedan responder de manera rápida, adecuada y apropiada en caso de producirse un ataque, garantizando la protección de los trabajadores en salud”.

También apuntó que la resolución “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas” de la CIDH recomendó “garantizar la protección de los derechos (de los trabajadores de salud), así como la disposición de recursos específicos mínimos destinados a enfrentar este tipo de situaciones de emergencia sanitaria”.

Y dijo que la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo (SOCHMET) realizó recomendaciones de Seguridad y Salud Ocupacional para Trabajadores de la Salud, como que “tienen derecho a solicitar medidas que garanticen su vida e integridad manera personal y colectiva”.

En ese sentido, Cruz afirma que “en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de la Constitución Política del Estado, el Estado Boliviano tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, más aun cuando se atraviesa una emergencia sanitaria por la declaración de pandemia mundial”.