Defensoría del Pueblo verifica 600 recintos electorales y encuentra falta de información sobre el voto preferente y demora en la apertura de mesas

La  Defensoría del Pueblo encontró falta de información respecto al voto preferente y sobre la ubicación de los recintos electorales, y demoras en la apertura de estos recintos por la ausencia de notarios electorales, entre otros aspectos, en el verificativo que realizó durante la media jornada de los comicios subnacionales en los puntos de votación en todo el territorio nacional.

“Se observó la falta de información sobre el voto preferente, lo que provocó largas filas por parte de personas adultas mayores, que en algunos casos les indicaron irse y volver más tarde, pese a que la mayoría de los recintos electorales habían implementado el voto preferente para esta población en situación de vulnerabilidad” manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz. 

De acuerdo al verificativo defensorial, el 84,5 de 600 recintos electorales, que representa 507, implementó el voto preferente, y sólo el 15,5%, es decir 93, no lo implementaron; asimismo, el 83,2%, que equivale a 499 recintos, implemento el voto asistido para personas con discapacidad, mientras que un 16,8%, no lo hizo.

En cuanto a medidas de bioseguridad, el 72,3% (434) de los recintos contaba con implementos para la desinfección de manos y zapatos, en tanto que un 27,7% (166) no cumplió con dichas medidas

Hasta el mediodía, esta institución defensorial visitó 600 recintos electorales, en 53 gobiernos autónomos municipales en los nueve departamentos del país.

Cruz enumeró entre otros problemas detectados en los puntos de votación, demoras en la apertura de recintos electorales por ausencia de notarios electorales, lo que retrasó la votación; largas filas en los recintos electorales sin cumplir el distanciamiento social, y aglomeración de personas durante la votación de candidatas o candidatos. 

En los recintos de la ciudad de El Alto se identificó que no se permitía el ingreso de personas con barbijos de tela, pues se exigían los barbijos quirúrgicos o los KN95, con el argumento de que era instrucción del comando regional; también se evidenció que existían baños cerrados para el uso de jurados.

La Defensoría del Pueblo hizo esta labor, en el marco de sus competencias constitucionales, con la finalidad de verificar las condiciones de inicio de la votación, la implementación de mediad de bioseguridad y posibles hechos de conflictividad durante la elección de las autoridades políticas departamentales, regionales y municipales.