Defensoría del Pueblo y SEPRET firman convenio para impulsar un trabajo conjunto en la prevención de la tortura

La Defensoría del Pueblo y el Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET), este miércoles, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con la finalidad de trabajar de manera conjunta en la prevención de la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes.

El acuerdo fue rubricado por la  Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, y el Director General Ejecutivo del SEPRET, Lorgio Augusto Vargas, quienes expresaron la necesidad de la intervención de instituciones vinculadas a derechos humanos para prevenir actos de tortura y asegurar que éstos no se repitan.

“Causa preocupación a la Defensoría del Pueblo que día a día se ve a agentes, como la Policía Boliviana, que generan una naturalización en el uso excesivo de la fuerza, que van generando la naturalización en la comisión de hechos de tortura”, manifestó la Defensora.

Cruz destacó que la importancia de este convenio radica en la posibilidad de asumir acciones que prevengan actos de tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, tomando en cuenta que hasta el 31 de agosto de este año, la Defensoría de Pueblo atendió un total de 710 quejas sobre afectación a la integridad personal, de los cuales 96 corresponden a denuncias por hechos de tortura.  

El convenio establece que ambas instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones previstas en la Ley, desarrollaran acciones en base a tres planes institucionales: Plan de Capacitación, Plan de Gestión Institucional y Plan de Gestión Normativa, señala el documento.

Dentro de las acciones conjuntas que se llevarán adelante, se contemplan visitas coordinadas a centros de custodia, penitenciarias, establecimientos especiales, establecimientos para adolescentes con responsabilidad penal, penitenciarias militares, centros de formación policial, cuarteles militares y cualquier otra institución sin ningún tipo de discriminación, para prevenir la tortura. 

Ambas instituciones, asimismo, trabajarán en la elaboración de informes, “que tengan por finalidad la elaboración de propuestas normativas y políticas públicas de prevención de la tortura”, entre otras tareas.