Defensoría demanda al Estado medidas para garantizar la salud de los privados de libertad y acciones para descongestionar las cárceles del país

La Defensoría del Pueblo demandó al Estado la aplicación de medidas para garantizar la salud de los privados de libertad, así como acciones para descongestionar las cárceles del país, ante los riesgos de contagio del COVID-19 que enfrenta esta población vulnerable.

“Es innegable y apremiante que el Estado debe extremar medidas para garantizar la salud, asistencia sanitaria, acceso a la alimentación, medicamentos e implementos de bioseguridad, ante el peligro de graves y sobrevinientes situaciones emergentes del COVID-19”, recomendó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz. 

Alertó que “el Órgano Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública y Régimen Penitenciario no están asumiendo con diligencia y responsabilidad su obligación de descongestionar las cárceles”. Dijo que las autoridades del sistema de justicia no han entendido responsablemente su obligación legal de encarar acciones para reducir el hacinamiento carcelario, “más al contrario han obstaculizado el acceso a la justicia oportuna y sin dilaciones de esta población”.

Los internos del penal de Palmasola de Santa Cruz realizaron protestas por la falta de atención médica en ese recinto, ante el fallecimiento de un reo posiblemente afectado con COVID-19.

“Ante la crisis del COVID-19, la Defensoría del Pueblo ha alertado al Estado, de manera reiterada, de las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las personas privadas de libertad, quienes, debido a las extremas condiciones en las que viven y a la presencia de grupos altamente vulnerables, como adultos mayores, enfermos crónicos, mujeres en estado de gestación, entre otras, están expuestas a riesgos inminentes de contagios masivos”, indicó la Defensora.

En los últimos 5 años, a finales de cada gestión, el Órgano Ejecutivo emitía decretos presidenciales de amnistía e indulto con la finalidad de controlar la cifra de internos en las cárceles de país; sin embargo, en la gestión 2019 se ha dejado de lado la aplicación de esta medida. Actualmente, existe un hacinamiento de 212%, apuntó Cruz.

La Defensora recordó que el 25 de marzo de 2020, ante la pandemia del COVID-19, el Subcomité de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha instado “a todos los Estados a reducir las poblaciones penitenciarias que sea posible, mediante la implementación de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal para aquellos detenidos para quienes sea seguro hacerlo”.

En ese sentido, la Defensora exhortó al Estado a oír estas recomendaciones, así como las emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para reducir el hacinamiento carcelario como una medida de contención de la pandemia.

“La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus atribuciones constitucionales y en calidad de autoridad nacional de protección de Derechos Humanos, hará conocer al Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH la infortunada situación de las personas privadas de libertad en el país, ante la crisis epidemiológica”, enfatizó la Autoridad.