Desde Vinto, el Defensor del Pueblo plantea reconstruir la convivencia pacífica desde los municipios
16 de Julio de 2024 09:40 pm
Vinto, 16 de julio de 2024 (UCOM/DPB). – En ocasión
de la firma de convenio entre la Defensoría del Pueblo y el Gobierno Autónomo
Municipal de Vinto el titular de esta institución, Pedro Callisaya Aro, planteó
como meta de su gestión, la reconstrucción de la convivencia pacífica junto a
las autoridades y pobladores de los municipios en un contexto actual,
caracterizado por el difícil momento que atraviesa la institucionalidad
boliviana, luego de los hechos ocurridos el 26 de junio pasado en Plaza Murillo
de La Paz.
“Estamos atravesando un momento complicado en el ámbito institucional, que lastima el ámbito democrático, la credibilidad democrática frente a la sociedad, que se siente intranquila y con incertidumbre frente a lo que pueda ocurrir (…) Nosotros desde el trabajo territorial debemos reconstruir una convivencia pacífica entre bolivianas y bolivianos, bajo el enfoque de los derechos humanos”, manifestó Callisaya, luego de suscribir el convenio interinstitucional con el alcalde de Vinto, Alfredo Lucana Ramos.
El Defensor del Pueblo destacó la red de instituciones aliadas que se está extendiendo y cuyo alcance llegará a 100 municipios, entre los que se encuentra Vinto. Dicha red está orientada a la promoción de los derechos humanos, prevención de la violencia y fortalecimiento de la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad.
En ese sentido, Callisaya demandó “reconstruir la confianza (de la población en la institucionalidad) siendo los aportantes principales a la construcción de una sociedad donde quepan todos y nadie sea marginado”.
El convenio rubricado entre el Defensor del Pueblo y el Alcalde de Vinto, permitirá fortalecer las capacidades de los profesionales que trabajan en los servicios de atención a las poblaciones en situación de vulnerabilidad (Defensorías de la Niñez, Servicios Legales Municipales, entre otros): Además, la institución defensorial podrá plantear leyes municipales tendientes a la protección de los derechos humanos de las citadas poblaciones.