DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se recuerda este 25 de noviembre, la Defensoría del Pueblo se une a las voces en el mundo que se pronuncian contra todo tipo de violencia hacia las mujeres, que atenta contra sus derechos, desde los más fundamentales como el derecho a la vida, a la dignidad e integridad, hasta los que han conquistado gracias a su lucha durante siglos y que les ha permitido ejercer sus derechos civiles y políticos, sociales, económicos y culturales, que hoy están plasmados en los tratados internacionales y en las leyes de nuestro país.

La violencia es un obstáculo para alcanzar la igualdad, el desarrollo, la paz y el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas; lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que es una promesa de no dejar que nadie se quede atrás, no podrá cumplirse si no se pone fin a la violencia contra estas poblaciones.

El camino para ello son las normas y acciones que protegen y garantizan a las mujeres el derecho a vivir sin violencia, que están plasmadas en la Constitución Política del Estado y las leyes; sin embargo, aún se enfrentan limitaciones institucionales y falta de voluntad política y profundo compromiso con los derechos humanos.

Todavía hoy, las diferentes instancias estatales a las que puede acceder una mujer para obtener justicia por hechos de violencia, se han convertido en un vía crucis que acrecientan la revictimización, que se suma a la carencia de recursos humanos y económicos, ausencia de defensa técnica, suspensión de audiencias, la inexistencia de una debida diligencia en los procesos instaurados en contra de sus agresores y, por si fuera poco, impunidad en la mayoría de los casos.

A la fecha, según datos oficiales, en el país suman 103 feminicidios, en tanto que la Defensoría del Pueblo, hasta el tercer trimestre de esta gestión, reporta más de 500 casos registrados sobre violencia y afectación a la integridad de las mujeres. La institución defensorial, en el marco del seguimiento a las determinaciones contenidas en el Informe Defensorial “Estado de Cumplimiento de las Medidas de Atención y Protección a Mujeres en Situación de Violencia en el Marco de La Ley 348”, identificó la existencia de procesos por feminicidio desde el 2015, los cuales se encuentran en etapa de juicio, así como casos en etapa preliminar y preparatoria desde el 2017, aspectos que evidencian una falta de control jurisdiccional.

Si bien se considera como positiva la implementación de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal, se espera que ésta cuente con medidas progresivas que permitan la creación de juzgados exclusivos con especialidad para la atención de casos de violencia contra la mujer, así como la constitución de la Dirección Forense Especializada y la creación de las Unidades de Protección y Atención a las Victimas (UPAVT) en lugares no existentes. La Defensoría del Pueblo advierte que existen municipios que aún no cuentan con Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y de los que ya fueron conformados, en su mayoría, comparten servicios con las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y la atención a personas adultas mayores y/o personas con discapacidad, y además, por lo general, el personal con el que cuentan es eventual, aspectos que obstaculizan la institucionalidad de dichas oficinas.

La institución defensorial insta al Estado a atender las necesidades más urgentes y prioritarias de las mujeres y cumpla con las tareas de prevención, atención, sanción y reparación y que no se cometan actos de injusticia e impunidad ante casos de violencia que no cesa en contra de las mujeres bolivianas.

La Paz, 25 de noviembre de 2019