EL ESTADO DEBE ABORDAR LA SITUACIÓN DE CONFLICTIVIDAD QUE PONE EN RIESGO LA CONVIVENCIA SOCIAL GARANTIZANDO EL EJERCICIO DE LA PROTESTA EN MARCO DE RESPETO DE DD.HH.

Desde el 13 de abril de 2023, fecha en que la Sala Constitucional de Beni, en un amparo constitucional, concedió la tutela y dejó sin efecto el reglamento y convocatoria para la preselección de candidatas y candidatos para las Elecciones Judiciales 2023 aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, el país atraviesa un periodo de incertidumbre y, al presente, de conflictividad, reflejada en protestas, movilizaciones y bloqueo de caminos indefinido en el eje troncal; a las cuales la Defensoría del Pueblo hace seguimiento dando prioridad de atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad como mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes, entre otros, terceros ajenos al conflicto.

A lo largo de estos nueve meses, la Defensoría del Pueblo ha insistido a los Órganos del Estado, en su condición de garantes del ejercicio de los derechos de la ciudadanía boliviana, a que efectivicen el proceso de designación de las altas autoridades judiciales y de la jurisdicción constitucional y de esta manera se materialice el derecho de la ciudadanía a elegir a sus autoridades mediante un proceso transparente, participativo, íntegro e inmediato.

Sin embargo, no deja de preocupar que, pese a estas exhortaciones, se haya producido la prórroga de magistrados, aspecto que tensiona aún más los ánimos de la población y obliga a una parte de la ciudadanía a manifestar su rechazo en las calles y usar otros mecanismos de libre expresión como protesta.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo recuerda que el ejercicio del derecho a la protesta pacífica debe ser garantizado por el Estado de modo que las fuerzas del orden (Policía Boliviana) ajusten cualquier intervención a los estándares internacionales de uso de la fuerza; asimismo, exhorta a los movilizados respetar el derecho de terceros ajenos al conflicto.

Finalmente, ante el anunciado diálogo por parte del Gobierno, corresponde a los diferentes órganos del Estado abordar la situación de conflictividad que pone en riesgo la convivencia social, asumiendo acciones que resuelvan la convocatoria a elecciones judiciales.

 

La Paz, 23 de enero de 2024