EL PROCESO ELECTORAL COMO PRIMER PASO PARA LA PACIFICACIÓN REAL DEL PUEBLO BOLIVIANO

Bolivia el 18 de octubre vivirá una jornada histórica en la que el pueblo será el protagonista en la elección de las y los gobernantes para los próximos cinco años, en ese marco, la Defensoría del Pueblo exhorta a las mujeres y hombres del Estado Plurinacional de Bolivia otorgar un voto de confianza en los resultados de la jornada electoral, y conservar la calma y dar paso a un verdadero proceso de pacificación en el país y que todas y todos podamos reencontrarnos como la familia que somos, sin que las diferencias ideológicas nos vuelvan a enfrentar.

La Defensoría del Pueblo recuerda a los órganos de poder, los partidos y agrupaciones políticas, las organizaciones sociales y la población en general que el Tribunal Supremo Electoral es el máximo nivel del Órgano Electoral, tiene jurisdicción nacional, y es responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados; asimismo tiene la obligación de garantizar el ejercicio pleno y complementario de la democracia directa y participativa, la representativa y la comunitaria. 

En ese sentido, exige al Tribunal Supremo Electoral garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en los resultados referidos a la jornada electoral y cómputo de votos; que tenga presente que en el cumplimiento de sus obligaciones se encuentra la garantía de No Repetición de los luctuosos hechos ocurridos después del 20 de octubre de 2019. Es responsabilidad de Salvador Romero Ballivián, María Angélica Ruiz Vaca Diez, Nancy Gutiérrez Salas, María del Rosario Baptista Canedo, Oscar Hassenteufel Salazar, Daniel Atahuachi Quispe y Francisco Vargas Camacho, darle certeza y seguridad a la población, así como respuestas fundadas, públicas y oportunas a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y población en general a fin de prevenir escenarios de conflictividad en el país. 

En el marco de lo señalado, se exhorta a los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, a sujetar sus reclamos y observaciones en los recursos establecidos en la norma electoral que rige este proceso, a fin de que la institucionalidad electoral sea la instancia que resuelva las pugnas por poder político y no la población en las calles. Demanda, también, a los hombres que decidieron postularse para dirigir el Estado Plurinacional de Bolivia abstenerse de convocar a movilizaciones que alimenten la situación de zozobra en la que ya se encuentra la población. 

Se recuerda que la Constitución Política del Estado señala como misión de la Policía Boliviana “la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio nacional”; asimismo, señala que la misión de las Fuerzas Armadas es garantizar el imperio de la Constitución; el rol de ambas instituciones debe sujetarse al respeto de los derechos humanos de toda la población sin ningún tipo de discriminación, y por ninguna causal deben arrogarse las funciones que son exclusivas del Órgano Electoral durante la jornada electoral del 18 de octubre. 

En esa línea, la Defensoría del Pueblo convoca a las mujeres y hombres que conforman la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas a ajustar el uso de la fuerza a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de Naciones Unidas y abstenerse de realizar actos cuya consecuencia sea atentatoria del marco legal, constitucional, y de respeto por los derechos humanos, recordándoles que no existe orden superior, ni norma “legal” que les exima de responsabilidad por sus actos u omisiones; ni reserva legal o disposición de “información clasificada” que se pueda mantener, toda vez que la Justicia levantará las mismas para sancionar a quienes ordenen y acaten ordenes reñidas con el respeto de los derechos humanos.  

El único camino legal para iniciar un verdadero proceso de pacificación en el país es el respeto al resultado del proceso electoral, y será condenable cualquier llamado a convulsión social por parte de cualquier fuerza política; por ello, la Institución Defensorial exhorta  a las y los candidatos que participarán en las elecciones generales a evitar este tipo de intervenciones.

La Defensoría del Pueblo realiza un monitoreo para vigilar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos en el actual contexto de elecciones, para ello ha destinado a 500 defensores y defensoras de derechos humanos a nivel nacional y mantendrá sus 18 oficinas en funcionamiento durante la jornada electoral y habilitará la línea gratuita 800-10-8004.

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