Estudio defensorial evidencia que personal de la FELCV no tiene una adecuada capacitación para la atención de víctimas de violencia

Una investigación de la Defensoría del Pueblo evidenció que el personal de las unidades de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) no tiene una adecuada formación en la atención de víctimas de violencias, limitación que se suma a problemas en la infraestructura de estas reparticiones, la falta de equipamiento, el estrés y carga laboral que dificulta su trabajo.

“Se han hecho entrevistas a las y los funcionarios de cada una de las unidades de la FELCV a nivel nacional y se ha encontrado que los niveles de capacitación son menores; llama la atención que de 231 funcionarios, 160 no tengan ningún tipo de capacitación en derechos humanos, 57 posean formación a través de cursos o seminarios, 13 cuenten con diplomados y uno sólo tenga una maestría”, manifestó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

La declaración surgió en la presentación del “Estado de situación integral de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia” que hoy expuso la Autoridad, ante la presencia de distintas instituciones que trabajan en la temática de la violencia de género. El informe contiene los resultados de una investigación en 117 de sus oficinas referidos a infraestructura, equipamiento, capacidades de las y los funcionarios y la salud mental de éstos, relacionada al estrés laboral.

El Defensor precisó que esta investigación fue complementada con la verificación que realizaron las 18 oficinas defensoriales, a nivel nacional, en oficinas de la FELCV el 10 de octubre, en las que se corroboró las deficiencias en equipamiento como equipos de computación e impresión en mal estado o la falta de infraestructura o ambientes que no son propios.

Otro punto que la Autoridad destacó de la investigación, fue el tema del estrés laboral. “Se ha encontrado funcionarios que tienen alto nivel de estrés en algunas oficinas; en las oficinas ubicadas en capitales existe una tendencia mayor a despersonalizar la labor del funcionario, de tal manera que la atención a las víctimas de violencia tiene alguna limitación”, dijo.

Callisaya manifestó, por otro lado, que durante la verificación realizada el 10 de octubre, se observó que en algunas unidades policiales no aplican un protocolo uniforme para la recepción de denuncias.

“A nivel nacional no existe una práctica común, en algunos casos piden cédula de identidad, en otros no, es una práctica que hay que unificar porque no se puede someter a la víctima de violencia a situaciones formales”, observó.

Anunció que los hallazgos contenidos en el estado de situación presentado este miércoles, será parte de un informe defensorial en el que se incluirán recomendaciones a las diferentes instancias estatales para que se subsanen las deficiencias y limitaciones identificadas.

En la presentación de la investigación, el Director de la FELCV de El Alto, Wálter Lenz, confirmó las deficiencias identificadas por la Defensoría del Pueblo, y dijo que su unidad al igual que en otras en el resto del país, no solo carece de equipos o los que tienen son muy antiguos, y que enfrentan mucha carga laboral.

Remarcó que es necesario que la FELCV, como señala la Ley 348, sea una oficina modelo, que sus unidades cuenten con una infraestructura integral con todos los servicios de las instituciones encargadas de trabajar en la temática de violencia de género.

Datos del estudio

El estudio presentado este miércoles, mostró que de las 117 unidades de la FELCV intervenidas, en el 97,4% existen equipos de computación, sin embargo, de éstas el 41% requiere algún tipo de reparación, y en el 2% dicha herramienta de trabajo no funciona.

Evidenció que de las 117 Unidades solo el 96% cuentan con equipo de impresión, de éstas, el 45% requieren algún tipo de reparación. Otro ítem evaluado fue la existencia de fotocopiadoras, en el que se identificó que sólo el 22% de las unidades cuenta con esta herramienta, y de estas en el 27% necesitan reparación.

También identificó limitaciones en cuanto a la existencia de televisores, teléfonos fijos y celulares exclusivos para el trabajo que realiza. Respecto al acceso de internet, este servicio solo sería disponible en el 48% de las unidades a nivel nacional.

Los gobiernos municipales se hacen cargo del pago de ese servicio en el 46% de las oficinas, en el 23% el gasto lo asumen los propios funcionarios, en el 14% cubre el costo el Comando Departamental y en el 17% otras instituciones.

Sobre las capacidades de las y los servidores de la FELCV, se identificó que, de 231 funcionarios consultados, 160 indicaron no tener conocimientos sobre derechos humanos, 71 tendrían estudios en esta temática, 57 de ellos adquiridos a través de cursos o talleres, y solo 13 habrían cursado un diplomado y uno tendría una maestría.

En estudios específicos referidos a derechos de las mujeres y violencia de género, la situación es casi similar. De 231 servidores, 148 no poseen formación, 78 habrían accedido a información a través de cursos o talleres, sólo tres contarían con diplomados y dos tendrían maestría.

En relación al conocimiento del Protocolo de la FELCV “Genoveva Ríos”, de las 231 servidoras y servidores policiales encuestados, 172 indicó tener conocimiento del mismo, 49 respondió que no tenía conocimiento y 10 muy poco conocimiento.

En lo referente a la salud mental relacionada al estrés laboral, se consideró que las y los servidores públicos de la FELCV, se encuentran sometidos a ciertos requerimientos que implican una participación activa y determinante en los casos de violencia. De los 1.195 servidores que existen en esta repartición 1.083 fueron parte de esta investigación.

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidenció que la mayor parte del personal, el 49% a nivel nacional, enfrenta un estrés laboral moderado, pudiendo presentar síntomas como insomnio, déficit atencional, dificultad para la concentración y en algunos casos tendencia a la auto medicación, situación que puede complicarse a corto plazo.

Esta afectación es mayor en las oficinas de la FELCV ubicadas en ciudades capitales donde, el estrés moderado alcanza al 51% de las y los servidores policiales y es leve en 36%; en tanto que, en provincias, el estrés moderado afecta al 45% del personal y el leve al 47%.