JUSTICIA CONCEDE TUTELA A ACCIÓN DE LIBERTAD PRESENTADA POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN ORURO

Oruro, marzo 27 (UCOM/DPB).- Tras la acción de libertad presentada por la Defensoría del Pueblo, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro otorgó tutela y dejó sin efecto el proceso penal iniciado contra una profesional de una unidad educativa de esa urbe y un profesional de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO). La decisión se tomó tras constatar errores de procedimiento por parte del Ministerio Público.

La acción de libertad, presentada el 26 de marzo de 2025, detalla que funcionarios del Ministerio Público acudieron a una unidad educativa en Oruro con la intención de entrevistarse con una adolescente. Ante esto, 2 autoridades, una de la Unidad Educativa y el otro la Dirección de Igualdad de Oportunidades del municipio orureño, exigieron la presencia de los padres de la adolescente o de personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, como lo establece la normativa que protege a esta población.

A través de su cuenta en X, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya destacó que “la @DPBoliviaOf en Acción de Libertad presentada, logró la tutela de los derechos de dos ciudadanos que estaban siendo indebidamente procesados por actuar en protección a los derechos de una adolescente en Oruro. Cómo #INDH continuaremos velando por el debido proceso y protección de los #DDHH de las y los bolivianos”.

En la audiencia, la Sala Constitucional escuchó los argumentos de la Defensoría del Pueblo, que actuó en representación de las autoridades indebidamente procesadas. Tras analizar los alegatos, los magistrados determinaron que las acciones de la Fiscalía vulneraron los derechos de los dos accionantes, cuyos actos se ajustaban a la normativa legal.

La resolución judicial señala que el Ministerio Público no logró demostrar la existencia de obstaculización ni incumplimiento de deberes por parte de las autoridades, ahora accionantes, motivo por los cuales se había iniciado el proceso penal; en consecuencia, se ordenó la anulación del mismo.

Asimismo, la Sala Constitucional dispuso mantener la reserva de la investigación para no entorpecer futuras actuaciones.

Esta decisión judicial representa un reconocimiento a la labor de la Defensoría del Pueblo en la defensa de los derechos humanos de las y los ciudadanos y sienta un precedente importante en cuanto al respeto de los procedimientos legales en las investigaciones penales.