La Defensora del Pueblo saluda la aprobación del Plan Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas 2021-2025

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, saludó hoy la presentación del Plan Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas 2021-2025 y destacó su importancia, porque dijo que a partir de ahora se retomará el trabajo coordinado interinstitucional y porque marca los lineamientos y bases para la lucha contra ese delito desde el nivel central y desde las entidades territoriales autónomas.

“La importancia del Plan Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas 2021-2025 radica en que se va a retomar el trabajo coordinado de las entidades nacionales y las entidades territoriales autónomas con base en los lineamientos y bases de este plan”, destacó la Defensora del Pueblo, en el acto organizado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional con motivo de celebrarse hoy el Día Mundial contra la Trata de Personas.

Cruz recordó que la aplicación de los planes nacionales anteriores quedó truncada debido a la crisis política de 2019 y la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19 en 2020. También cuestionó que los Consejos Departamentales contra la Trata y Tráfico de Personas no hayan estado cumpliendo sus funciones, pues solo han desarrollado sesiones ordinarias y extraordinarias en Cochabamba, Santa Cruz y Beni, y en Oruro, solo sesiones operativas en el primer trimestre de este año.  

La Defensora señaló la importancia de retomar el trabajo de los consejos departamentales para proteger de manera adecuada a niñas, niños, adolescentes y mujeres, que son las principales víctimas de ese flagelo. Indicó que hasta diciembre de 2021 el Ministerio Público reportó 1.560 denuncias por el delito de trata y tráfico de personas, y que el 55% de esos casos se había cerrado sin una determinación ni el esclarecimiento de las denuncias. También precisó que apenas el 4% había concluido con una sentencia, aunque no en los casos más graves, como en los de existencia de bandas organizadas. “Esto debe llamarnos a una reflexión”, enfatizó. 

También indicó que la Defensoría del Pueblo recibió 72 denuncias relacionadas contra la trata y tráfico de personas, entre 2021 y el primer semestre de 2022. De ese total, La Paz ha registrado 18 denuncias en 2021 y 22 solo en el primer semestre de 2022. Dijo que también ocurre algo similar con Cochabamba, donde en 2021 se tenían siete denuncias y solo en el primer semestre de 2022 ya se cuentan con 10 denuncias.

La falta de coordinación interinstitucional también se puede ver en las cifras de denuncias en contra de las instituciones que están encargadas de velar por la prevención y la protección de casos relacionados con este flagelo. Cruz señaló que la lista de entidades más denuncias por falta de atención a estos casos la encabeza la Policía Boliviana con 33 quejas, en los que esta institución no activó las acciones de búsqueda conforme a la normativa vigente.

Por todo esto, “saludamos que el Ministerio de Justicia haya retomado el Consejo Plurinacional de lucha contra la Trata y Tráfico de Personas para rearticular, a través del plan aprobado, el trabajo de las entidades autónomas territoriales y para que éstas aprueben sus planes sectoriales en beneficio de la población”, enfatizó la Defensora.   

La autoridad defensorial mencionó, además, que la Defensoría del Pueblo, por su parte, continúa realizando tareas de prevención, como el curso Derechos Humanos y Trata de Personas en Bolivia con servidores públicos de los Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos Municipales, Fiscalía y la Policía Boliviana, con la finalidad de fortalecer las capacidades del personal de estas instituciones que es responsable de la prevención y protección de este delito.

Y anunció que hoy, con motivo del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, la Defensoría del Pueblo está lanzando el curso de Derechos Humanos y Trata de Personas en Bolivia, que está abierto a profesionales que trabajan en la temática y a todas las personas interesadas, que abordará el marco legal internacional y nacional, y los planes y políticas nacionales vigentes relacionados a la temática.