La Defensoría del Pueblo advierte que el cierre de las carceletas rurales derivará en una pena degradante

La Defensoría del Pueblo denuncia que el cierre de las carceletas rurales, como anunció el Gobierno, provocará vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, debido a que su traslado a las cárceles urbanas podría agravar el hacinamiento y las condiciones de vulnerabilidad en las que viven.

La semana pasada, el Gobierno adelantó que cerrará 29 de 34 carceletas rurales y que reubicará a 2.360 personas en situación de encierro en los centros penitenciarios de las capitales de departamento. Pero, de acuerdo con una investigación defensorial, en 2018 las cárceles urbanas tenían un hacinamiento de 225%, pues en los 19 centros existían 18.895 privados de libertad cuando su capacidad era de 5.805. En 2019, esta situación se ha mantenido.

 

Este problema podría profundizarse con el traslado de estos grupos. Por ejemplo, según ese informe defensorial, la cárcel de San Roque, en Chuquisaca alberga aproximadamente a 594 personas, cuando su capacidad es de 120, con una tasa de sobrepoblación del 395%. Si es que recibe a otros 150 internos, el hacinamiento llegaría a 475%.

 

Además, de acuerdo con la investigación, los centros penitenciarios urbanos presentan condiciones precarias de infraestructura y limitaciones en la atención de salud y que carecen de programas de trabajo y educación, que impiden su readaptación y reinserción social.

 

Estas inadecuadas condiciones fueron advertidas por la Defensoría del Pueblo, mediante notas escritas, a las  autoridades del Ministerio de Gobierno, de la Dirección General de Régimen Penitenciario, al Director Nacional de Seguridad Penitenciaria, al Viceministro de Régimen Interior y a la Policía, al Viceministro de Seguridad Ciudadana; así como a las autoridades departamentales de Régimen Penitenciario. Sin embargo, ninguna de ellas ha respondido a los requerimientos ni ha informado sobre su plan de traslado.

 

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, alertó que “este plan agravará las condiciones de vulnerabilidad de estos grupos, ante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, más aún si se toma en cuenta que entre ellos se encuentran personas con infecciones respiratorias agudas, con enfermedades crónicas y personas drogodependientes, entre otras”.

 

“Mover a los privados de libertad de reclusorios rurales a urbanos afectaría, además, el derecho a la presunción de inocencia, puesto que el 71,4% de ellos no cuenta con sentencia, porque son internos preventivos”, sostuvo Cruz y añadió que el Gobierno estaría incurriendo en “una pena degradante como consecuencia de sobrepoblación”, como advirtió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

Cruz recordó que es responsabilidad del Gobierno, según la Constitución Política del Estado, velar por el respeto a los derechos de esta población.