La Defensoría del Pueblo condena el rechazo de las autoridades de Migración a la solicitud de refugio de dos ciudadanos ucranianos

La Defensoría del Pueblo  condena el accionar de los inspectores de la Dirección General de Migración del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, que no admitieron a dos ciudadanos ucranianos que solicitaban refugio.

Se recuerda que el artículo 12 de Ley 251 de Protección a Personas Refugiadas establece que “las autoridades competentes asistirán a toda persona refugiada y solicitante de la condición de persona refugiada, de conformidad a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y al Reglamento de la presente Ley”.

Y además, que artículo 30 de esa norma señala que “las autoridades locales o de frontera que tuvieran conocimiento de solicitudes de personas extranjeras para obtener la condición de refugiadas, autorizarán su ingreso y deberán derivar al solicitante a la Secretaría Técnica de la CONARE, respetando los principios de confidencialidad y no devolución, previstos en la presente Ley”.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo abrió un caso de oficio y la Dirección General de Migración nos comunicó que dicha institución ya asume las medidas legales correspondientes contra dichos funcionarios y nos manifestó que se trató de un hecho aislado que no representa la posición de Migración, ni del Estado Boliviano.

En apego a las normas de refugio ratificadas por el Estado Boliviano (convención del refugiado de 1961 y su protocolo facultativo), se solicita, que a través de la cooperación internacional entre similares e instancias de protección de Derechos Humanos, se pueda restituir el derecho a pedir refugio de ambas personas, si éstas mantienen su petición.

La Paz, 12 de marzo de 2021