La Defensoría del Pueblo condena la gasificación policial a familiares de víctimas de la masacre de Senkata y a niños de la Unidad Educativa 25 de julio

La Defensoría del Pueblo condenó hoy el uso indiscriminado de la fuerza pública por parte de agentes de la Policía Boliviana, que gasificaron a los familiares de las víctimas de la masacre de Senkata, ocurrida en noviembre del pasado año, y afectaron a un centenar de niños de la Unidad Educativa 25 de Julio.

Los incidentes ocurrieron en la mañana, cuando se intentaba instalar la Sesión de la Cámara de Senadores en la sede social de la zona 25 de Julio, en el Distrito 8 de la ciudad de El Alto, Senkata, con motivo de celebrar un aniversario de esa ciudad. Entonces, unas dos decenas de familiares de las víctimas de la masacre de noviembre del año pasado y vecinos de esa zona se apostaron en las inmediaciones para reclamar “juicio y castigo a los responsables” de las 10 muertes de noviembre.

La sede sindical, en cuyo interior se encontraban las autoridades del legislativo, fue rodeada por efectivos policiales, ante quienes los familiares exhibieron letreros que pedían justicia. “Justicia y Castigo para los responsables de la masacre de Senkata. Justicia para Ruy Cristina Vásquez”, se leía en uno de los letreros. Entre llantos, los familiares se acercaron a los uniformados para reclamar por sus muertos.

La respuesta de los uniformados fueron los gases lacrimógenos, que lanzaron sobre los manifestantes, y que llegaron a la escuela 25 de julio, ubicada al frente de la sede social. Un centenar de niños resultaron afectados y tuvieron que ser avacuados entre llantos e incluso ensangrentados, pues se vio que a uno de ellos le brotaba sangre por la nariz. Los docentes del establecimiento tuvieron que prender fuego en el patio para disipar el gas que había penetrado en esas instalaciones. Según el reporte de RTP, los uniformados lanzaron los agentes químicos para proteger la evacuación de los senadores actualmente, del oficialismo, que habían decidido suspender su sesión.

La Defensoría del Pueblo condena este uso desproporcional de la fuerza pública y recuerda al Ministerio de Gobierno y a la Policía Boliviana que su actuación debe enmarcarse en la Constitución Política del Estado y las normas nacionales e internacionales de protección y garantía de los derechos individuales y colectivos.

Además, hace notar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que los operativos policiales deben contar con un plan de operaciones que contemple una especial atención y resguardo a niños, niñas y adolescentes, entre otros grupos vulnerables. Para la Defensoría, en este caso las fuerzas del orden no actuaron conforme esa recomendación.

La Defensoría del Pueblo reitera a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, líderes políticos y sociales, así como al Gobierno, su exhortación a garantizar el desarrollo pacífico de las celebraciones del aniversario de la ciudad de El Alto, así como el actual proceso electoral.