La Defensoría del Pueblo demanda medidas específicas en favor de grupos vulnerables ante la emergencia por el COVID-19

La Defensoría del Pueblo exhorta al Gobierno Nacional a adoptar medidas específicas de protección y prevención en favor de los grupos vulnerables de la sociedad, como personas en situación de calle, adultos mayores y niños y adolescentes concentrados en centros de acogida, pacientes con cáncer y enfermedades crónicas  y personas privadas de libertad, debido a que precisan una especial y urgente atención ante la emergencia derivada por la propagación del coronavirus COVID-19.

Entre los grupos vulnerables, la población en situación de calle se encuentra en especial vulnerabilidad y generalmente es invisibilizada por el Estado, pese a que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) son 3.768 a 2015. En vista de esta situación, este sector requiere espacios físicos donde concentrarse con el fin de que les garanticen la higiene y los protocolos sanitarios, así como un fortalecimiento de su alimentación y asistencia sanitaria.

 

La población adulta mayor en asilos y niñas, niñas y adolescentes en centros de acogida dependientes del Estado es otro grupo que merece especial cuidado, dado que no cuenta con personal de salud suficiente ni capacitado para asumir medidas específicas de prevención frente al Covid-19. Ellos también requieren una mejora en su nutrición y el personal que los atiende precisa capacitación y equipos de protección personal y prevención sanitaria. Los ancianos también urgen de manera inmediata la vacuna H1N1.

 

Los pacientes con cáncer y enfermedades crónicas es otro sector vulnerable por su condición y necesita información sobre las medidas de bioseguridad, políticas específicas y la reglamentación a las leyes especiales del sector.

 

También están expuestos a contagios las personas privadas de libertad, debido al hacinamiento y las condiciones precarias en las que viven, por lo que requieren alimentación nutritiva diaria, medicamentos, prestación de servicios médicos, servicios básicos continuos, material de limpieza e implementos de protección personal, así como acceso a información sobre el COVID-19.

 

La Defensoría del Pueblo, conforme a sus competencias constitucionales, convoca al Estado a actuar en el marco de respeto a los derechos humanos, y a la población, a sumarse a las medidas de prevención y contención que fueron adoptadas.