La Defensoría del Pueblo exige a la Fiscalía y al Tribunal Supremo de Justicia investigar y sancionar las agresiones físicas sufridas por dos afrodescendientes

La Defensoría del Pueblo ha conocido el caso de dos afrodescendientes de la comunidad Sapecho, de iniciales F.A. y J.C.M, quienes, el 26 de noviembre, fueron calumniados de haber robado dinero y agredidos físicamente por órdenes de sus empleadores. 

Pese a que fue desvirtuada su participación en el hecho, les abrieron un proceso por robo, y les ofrecieron conciliar y retirar el juicio a cambio de que no denuncien que fueron víctimas de las agresiones físicas. 

El Instituto de Investigaciones Forenses ha determinado tres días de impedimento, pese a que a simple vista las lesiones son considerables, y que éstas se constituyen en una vulneración a la dignidad humana.  

Esta institución defensorial exige a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Supremo de Justicia actuar con la debida diligencia e investigar y sancionar a los responsables de este delito, que atenta contra la integridad y la dignidad de las víctimas. 

Además, exhorta a que se garantice el derecho al acceso a la justicia de estas dos personas. 

En cumplimiento a su función constitucional de velar por los derechos humanos, esta institución defensorial ha gestionado que se realice una valoración psicológica de las víctimas.