La Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades a garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores

En el Día Mundial de Toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas adultas mayores y a asegurarles una vida libre de cualquier forma de violencia y malos tratos. 

“El maltrato, el abuso físico, psicológico y social, que padecen muchas personas adultas mayores, son problemas que deben ser erradicados de nuestra sociedad. Lamentamos que, muchas veces, estos actos provengan de la propia familia y que sean replicados en la comunidad e incluso por servidores públicos e instancias privadas”, señaló la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Durante 2020 y hasta marzo de 2021, la Defensoría del Pueblo ha registrado 3.493 denuncias de personas adultas mayores. La mayor cantidad de ellas, 940, referidas a malos tratos en el ámbito familiar, institucional o en la sociedad. En segundo lugar, 221, se encuentran las denuncias sobre despojo o limitaciones ilegales en el uso, goce y disposición de la propiedad, y en tercer puesto se tienen 190 casos de denegación de acceso a la justicia, informó la Defensora.  

Además, dijo que la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 ha generado mayores niveles de desprotección y pobreza de las poblaciones vulnerables, en especial de las personas adultas mayores. Y apuntó que, de acuerdo con una verificación defensorial a 28 de 61 centros de acogida de larga estadía, realizada en 2020, los hogares y centros de acogida de funcionamiento mixto son los que más carencias y necesidades presentan, pues es mínimo el apoyo que reciben de las instituciones departamentales o municipales. 

Frente a esta situación, la autoridad defensorial demandó al Estado que refuerce las medidas de monitoreo y vigilancia contra la violencia hacia las personas adultas mayores, y que les faciliten el acceso a los mecanismos de denuncia y protección. “Las autoridades deben desarrollar políticas públicas, desde los niveles subnacionales, para asistir y proteger a estas personas,  en especial a aquellas que se encuentren en situación de abandono, indigencia o necesidad”, sentenció. 

También demandó que “mediante los Servicios Departamentales de Gestión social (Sedeges) se garantice la vigencia de los derechos de los residentes en todos los centros de acogida u hogares sin importar su forma de administración”. 

La Defensora del Pueblo anunció, además, que con la finalidad de cubrir las necesidades urgentes de los residentes en centros y hogares, esta institución defensorial lanza una campaña de solidaridad y convoca a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, a empresas públicas y privadas, a organizaciones sociales y de la sociedad civil, y a la población en general a donar insumos de bioseguridad, alimentos secos no perecederos y pañales geriátricos para esta población. 

Dijo que durante un mes cada oficina defensorial se constituirá en un punto de acopio y recepción de estos donativos.  

“Convoco a las familias, comunidades, servidores públicos y a las entidades privadas a tomar conciencia de que la vejez es un camino por el que todos vamos a transitar y que el trato que les demos hoy es el trato que recibiremos después”, exhortó la Defensora.