La Defensoría del Pueblo ve con preocupación el aumento de casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, y exhorta al Estado a adoptar medidas para reducir estos índices

En el Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en Contra de la Violencia Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes, la Defensoría del Pueblo ve con preocupación el aumento de casos de violencia sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes en el país, que afecta no solo a la integridad física, psicológica y sexual de esta población en situación de vulnerabilidad, sino que también impide el goce de otros derechos humanos, y daña su proyecto de vida.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, existe un crecimiento sostenido anual de casos de violación infante, niña, niño y adolescente. En la gestión 2018, se presentaron 1.458 casos;  en 2019 subieron a 1.633; en 2020 se incrementaron 1.651; en 2021 llegan a 2.092 y hasta junio de la gestión 2022 ya se tienen 1.318 casos. Estos datos evidencian que esta problemática, al igual que otros fenómenos que afectan a la niñez y adolescencia, es compleja, multicausal y multifacética. 

El Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, encabezado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, y el Subconsejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual, debe asumir medidas de carácter integral, holístico y sistémico, que tomen en consideración las causas e interconexiones de la violencia sexual que afectan los derechos de esta población. Asimismo, solicitamos la evaluación de los resultados alcanzados en la implementación del Programa Integral de Lucha contra la Violencia Sexual, a fin de fortalecer las medidas asumidas y avanzar hacia resultados que reduzcan los altos índices de violencia sexual hacia la niñez y adolescencia, a través de la prevención, atención y protección.

En muchos casos, se ha podido evidenciar que en la atención de casos de violencia sexual, diferentes instituciones, como las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, la Fiscalía General del Estado, así como el Órgano Judicial y sus diferentes instancias, han omitido el deber de adoptar medidas particulares y especiales en la investigación, que han sido denunciados, en el marco de la obligación reforzada de actuar con oficiosidad, exhaustividad y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado, por tratarse de víctimas en situación de doble vulnerabilidad, por razón de su edad y por la violencia sexual que han sufrido.

Asimismo, a pesar de la práctica continua de detectar casos de violencia sexual en el sistema de salud, la coordinación con el sistema de protección sigue teniendo algunos vacíos y debilidades, como mostró el caso del niño de Yapacaní y los de Interrupción Legal del Embarazo, que requieren intervenciones integrales, oportunas y multidisciplinarias.

Todas las instituciones deben garantizar la prioridad del interés superior del niño, que comprende la primacía en recibir protección y socorro ante cualquier circunstancia, la prioridad en la atención y el acceso a una administración de justicia pronta y oportuna. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los procedimientos judiciales deben adaptarse para ser ágiles, accesibles, apropiados y comprensibles para los niños, niñas y adolescentes, y también recomienda que se elaboren indicadores de acceso a la justicia de NNA, que incluyan datos como el número de casos detectados, de denuncias interpuestas, de resoluciones judiciales con la clasificación de si son condenatorias o absolutorias, y la tasa de impunidad de delitos contra NNA, en el entendido de que el acceso a la justicia desborda la esfera jurídica y porque ésta, al generar impunidad, cuestiona la legitimidad del sistema en el que vivimos y socava los principios democráticos y la consolidación del Estado de Derecho.  

Como entidad de prevención y defensa de derechos humanos, hemos iniciado un proceso de fortalecimiento municipal a más de 133 Gobiernos Autónomos Municipales, en el marco del Plan Nacional de Gestión Municipal con Enfoque de Derechos, para la detección y atención oportuna de violencia sexual a través de la “Caja de Herramientas para la prevención y atención de casos de Violencia Sexual en contra de Niñas, Niños y Adolescentes.”

Este instrumento tiene la finalidad de dotar de materiales de aplicación directa para atender casos, con guías orientadoras de detección de casos, contención emocional e instrumentos modelo de memoriales y notas, así como un conjunto de juegos lúdicos gigantes para campañas de prevención, además de afiches sobre denuncia y sobreindicadores de violencia, y cartillas sobre detección y señales de violencia, entre otros.

La Defensoría del Pueblo hace un seguimiento pormenorizado a las actuaciones estatales en los casos de violencia sexual que tengan como víctimas a niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, hacemos un llamado a la sociedad a denunciar los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes que no estuvieran siendo atendidos, a través de la línea 800 10 8004, para realizar el seguimiento debido a las instancias correspondientes.

La Paz, 9 de agosto de 2022