Pronunciamiento ante los últimos hechos de violencia y acoso en las unidades educativas

Ante los últimos hechos de violencia y acoso en las unidades educativas, al punto de sufrir agresiones físicas intolerables:

Desde la Defensoría del Pueblo, EXHORTAMOS a las autoridades del Sistema Plurinacional de Protección Integral a las Niñas, Niños y Adolescentes, asambleístas y demás autoridades, en la necesidad de priorizar el cumplimiento del Código Niña, Niño y Adolescente y la Resolución Ministerial Nro. 0864/2019 que aprueba el Protocolo de Prevención, Actuación y Denuncia en Casos de Violencia en Unidades Educativas y Centros de Educación Especial a nivel nacional.

El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha formulado la Observación General N° 13 relativo al derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, en tal sentido; las medidas educativas deben combatir las actitudes, tradiciones, costumbres y comportamientos que toleran y promueven la violencia contra las niñas, niños y adolescentes y, fomentar un debate abierto sobre la violencia, en particular con la participación de los medios de comunicación y la sociedad civil.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia reconoce que niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones; en ese marco, el artículo 61, Parágrafo I, prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad.

Asimismo, el inciso i) del artículo 153 de la Ley N° 548 “Código Niña, Niño y Adolescente” establece como una forma de infracción por violencia a: “i) Violencia en el ámbito escolar, tanto de pares como no pares, sin perjuicio de que se siga la acción penal y siempre que se encuentre tipificada en la normativa penal”.

Sobre la problemática, desde la Defensoría del Pueblo, se ha impulsado la elaboración, aprobación e implementación del Plan de Convivencia Pacífica y Armónica en Unidades Educativas en el marco del Protocolo de Prevención, Actuación y Denuncia en Casos de Violencia en Unidades Educativas y Centros de Educación Especial a nivel nacional.

En este marco, la Defensoría del Pueblo ve con altísima preocupación el hecho de violencia escolar que se ha producido en los últimos días contra dos adolescentes con supuesta discapacidad, situación que merece una atención especial y prioritaria por parte de las autoridades de la Unidad Educativa, de todas las entidades que pertenecen al Sistema Plurinacional de Protección Integral a las niñas, niños y adolescentes y sociedad con el objetivo de precautelar la restitución de los derechos de las víctimas y prevenir estos lamentables sucesos, bajo la premisa de que es deber del Estado el garantizar a las niñas, niños y adolescentes el derecho fundamental a una vida digna libre de toda forma de violencias.