SOBRE LA SITUACIÓN DE CONFLICTIVIDAD QUE ATRAVIESA EL PAÍS

La crisis económica y política que atraviesa el país, marcada por la escasez de gasolina, diésel y dólares ha repercutido de manera negativa en la economía de las y los bolivianos durante los últimos meses, generando malestar en diferentes sectores sociales, productivos, agrícolas, empresariales, así como de la población boliviana en general.

 

En este contexto, la Defensoría del Pueblo reitera su compromiso con la protección de los derechos humanos fundamentales de la población boliviana, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad, en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales de derechos humanos.

Por lo tanto, manifestamos nuestra profunda preocupación ante la crítica situación que atraviesa el país, la cual exige soluciones estructurales y no únicamente medidas paliativas. Es imperativo brindar certeza a la población boliviana, cada vez más afectada por las múltiples consecuencias negativas de la escasez de combustible: el aumento del costo de la canasta familiar, la falta de suministro de medicamentos, la dificultad en la asistencia escolar, y el riesgo para el funcionamiento de ambulancias y maquinaria pesada.

Como Institución Nacional de Derechos Humanos, reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo como pilar fundamental de la democracia. Exhortamos al Estado a agotar todas las vías para establecer mesas de diálogo inclusivas con los sectores que han anunciado medidas de protesta, atendiendo sus demandas. Asimismo, instamos a estos sectores a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica, respetando los derechos de terceros.

Es fundamental subrayar que todos los órganos del Estado deben asumir con responsabilidad su rol constitucional, trabajando en beneficio de la población boliviana. Su accionar debe enfocarse en aportar soluciones que prevengan la polarización social y fortalezcan la institucionalidad del país, que actualmente se encuentra en una situación de fragilidad.

La Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante ante la evolución de la conflictividad en el país, intensificando sus esfuerzos para facilitar espacios de diálogo que atiendan las demandas de las poblaciones afectadas por la crisis económica. Asimismo, está desarrollando un plan de verificaciones y otras acciones para evidenciar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno nacional en días pasados, exigiendo su efectividad para garantizar la protección de los derechos humanos de toda la población boliviana, sin excepción.

La Paz, 14 de marzo de 2025