TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RATIFICA Y CONCEDE EL AMPARO PRESENTADO POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO CONTRA EL COLEGIO “AVE MARÍA”*

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), emitió un fallo en favor de la Defensoría del Pueblo, y le concedió la solicitud planteada en la acción de amparo constitucional que interpuso contra el colegio Boliviano Alemán “Ave María” por la vulneración del derecho a la educación y actos discriminatorios cometidos por esta unidad educativa en contra de un grupo de estudiantes por el hecho de que sus progenitores no acataron un incremento ilegal en las pensiones escolares para 2019.

La decisión del TCP se dio como resultado de la revisión que realizó al dictamen dispuesto por el Tribunal de Garantías de La Paz, en febrero de este año que, en respuesta al amparo presentado por la institución defensorial, determinó que existió la vulneración del derecho a la educación de los estudiantes afectados, por lo que ordenó su inmediata inscripción y el acceso irrestricto al establecimiento para que pasen clases.

En la acción de amparo interpuesta en representación de padres de familia de ese establecimiento, la institución defensorial denunció cobros arbitrarios en las pensiones escolares, incremento que superaba el 110% cuando el Ministerio de Educación aprobó únicamente un 4%; la retención de libretas de calificaciones de la gestión 2018 como represalia a la resistencia de algunos progenitores a pagar dicho incremento; y la restricción en el ingreso a la unidad educativa de los estudiantes cuyas colegiaturas estaban impagas.

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia Constitucional 0596/2019-S4, ratifica el fallo de febrero de 2019 y lo amplía al ordenar al colegio “Ave María” a habilitar una cuenta bancaria para que los padres de familia de esta unidad educativa puedan pagar las pensiones escolares en el monto establecido por el Ministerio de Educación o por el contrario, acepte los pagos a través de su oficina administrativa y se inhiba de cometer actos discriminatorios en contra de sus estudiantes.

En la valoración realizada a los elementos presentados por la Defensoría del Pueblo,  el TCP estableció que la Dirección del colegio denunciado generó contratos civiles y notas de coerción para obligar a los padres de familia a pagar las pensiones escolares con un incremento fuera de norma, que además incurrió en actos discriminatorios al entregar distintivos o credenciales a algunos alumnos, para diferenciarlos de aquellos cuyos padres no efectuaron pago alguno por encontrarse en desacuerdo con el incremento arbitrario.