Gestor de Notas de Prensa

La Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA), expresaron su preocupación por las reiteradas presiones, amenazas y ataques que enfrenta la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, acciones que calificaron de inquietantes y que pretenden desestabilizar su gestión e impactar en sus actuaciones defensoriales, además de constituirse en una afectación a su alta investidura y un agravio a la propia naturaleza de la institución que representa.

Descarga la declaración conjunta de la FIO y la RINDHCA

La Defensoría del Pueblo condena la actitud asumida por grupos de manifestantes que en distintos puntos del país bloquean e impiden el paso de ambulancias y vehículos con insumos médicos, la afectación a una planta de distribución de oxígeno medicinal en la ciudad de La Paz, afectando la salud de personas que se encuentran en centros hospitalarios recibiendo atención médica, principalmente, contra la COVID-19.

La Defensoría del Pueblo rechaza y denuncia un nuevo ataque en contra de esta Institución Nacional de Protección de Derechos Humanos y de su Máxima Autoridad, que se suman a las muchas agresiones por parte del Gobierno Transitorio que comenzaron en noviembre de 2019 a través de una serie de ataques sistemáticos y procesos de estigmatización contra las y los servidores públicos de la entidad defensorial.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, observó que el Ministerio de Educación deslinda responsabilidad sobre las políticas y estrategias educativas con el Decreto Supremo 4260, que regula las modalidades educativas presencial, a distancia, virtual y semipresencial.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, advirtió que una eventual clausura de las radios comunitarias sería un acto ilegal y que las declaraciones del Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en sentido de que habría que clausurarlas, se convierten en un amedrentamiento directo en contra de ellas. 

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, tras sostener una reunión con las víctimas y familiares de la  denominada masacre de Pedregal, en la zona sur de La Paz, ocurrida el 11 de noviembre de 2019 producto de la incursión policial, reiteró su cuestionamiento al Gobierno porque a siete meses de esos hechos, éstos siguen en la impunidad y no se cumplió con el resarcimiento por los fallecidos y atención médica para los heridos.

La Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio Público investigar las denuncias de torturas cometidas por efectivos policiales contra nueve internos del penal de El Abra en Cochabamba, el 26 de abril pasado; asimismo, pidió al Comando Departamental de la Policía iniciar un proceso disciplinario contra los uniformados implicados y el Director del recinto penitenciario.

La Defensoría del Pueblo lamentó el fallecimiento de Julio Pinto Mamani, la décima víctima de la denominada masacre de Sacaba, en Cochabamba, donde se produjeron muertos y heridos tras la intervención conjunta de fuerzas militares y policiales a la manifestación de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, en el puente Huayllani, el 15 de noviembre de 2019, e instó a las autoridades, a siete meses de lo ocurrido, a agilizar la investigación para que esos hechos no queden en la impunidad.

La Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía Departamental de Beni iniciar una acción penal por actos de tortura cometidos por efectivos militares de la Fuerza Naval de San Ignacio de Moxos, en contra de tres personas que fueron detenidas en mayo pasado, supuestamente, por infringir la cuarentena, hechos que fueron investigados por la Delegación Defensorial de Beni tras conocer las denuncias.

La Defensoría del Pueblo recordó a las autoridades del Gobierno que tienen la obligación constitucional de resguardar la privacidad, intimidad y dignidad de todos los pacientes enfermos de COVID-19 y les solicitó se abstengan de emitir criterios reñidos con el ordenamiento jurídico nacional.