Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo observa que el Ministerio Público y la Policía Boliviana hacen uso desproporcionado de las figuras del arresto y del inicio de procesos penales en el caso de dos autoridades de la Alcaldía de Villa Tunari y de un periodista de la radio Kawsachun Coca, y que se amparan en el Decreto Supremo 4200, sobre la cuarentena contra el coronavirus COVI-19, como una forma de amedrentamiento y persecución desproporcional.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió al Gobierno Nacional que instruya y viabilice la libre circulación de motorizados y personal de las productoras avícolas del país, así como de trabajadores  de apoyo, debido a que 500 productoras de ese rubro han paralizado su producción porque tienen dificultades ocasionadas por funcionarios militares y policiales, y porque está en riesgo el abastecimiento de alimentos.

La Defensoría del Pueblo, en notas remitidas a la Presidenta del Estado, Jeanine Áñez, y a la Ministra de Comunicación, Isabel Fernández, pidió la adopción de medidas para cumplir con sus obligaciones financieras, derivadas de los servicios de difusión de propaganda, con el canal PAT, pues al no hacerlo está afectando el derecho a la libertad de expresión tanto de los periodistas como de la población en general, y afectando derechos laborales.

La Defensoría del Pueblo evidenció que un centenar de camiones cargados de frutas, verduras, hortalizas y otros productos alimenticios, se encuentran varados desde el 28 de marzo de 2020 en el sector denominado “Escabeche”, en la ruta entre Caranavi y Quiquibey, en el norte paceño, debido a derrumbes en este tramo carretero, lo que impide que lleguen hasta su destino y afecten el abastecimiento de la población.

Gracias a gestiones realizadas por la oficina regional de la Defensoría del Pueblo en Riberalta, se posibilitó que 40 zafreros, previa una valoración médica, puedan ser trasladados hasta sus hogares desde el municipio de Puerto Rico en el departamento de Pando, donde se encontraban abandonados en medio de la crisis sanitaria que vive el país por el COVID-19.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció la vulneración de los derechos humanos por parte del Estado boliviano en el periodo poselectoral del 20 de octubre de 2019 y lo hizo en las audiencias públicas del 175 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizadas en Haití.

La Defensoría del Pueblo, mediante el Coordinador Regional de Puerto Suárez, Carlos Lara, medió en el conflicto entre la población de Santa Ana y el Gobierno Autónomo Municipal El Carmen Rivero Tórrez y la Dirección Distrital de Educación de Puerto Suárez, que concluyó con el compromiso de las autoridades de resolver la demanda de ítems educativos.

La Defensoría del Pueblo exhorta a los líderes políticos, sectores u organizaciones sociales y autoridades del Gobierno a hacer todos los esfuerzos para mantener la paz y fortalecer el diálogo en el país, en el marco del respeto de los derechos y garantías constitucionales; asimismo, cuestiona la persistencia de acciones intimidantes y agresivas por parte de grupos civiles y rechaza declaraciones en torno a la conformación de “milicias armadas”

La Defensoría del Pueblo, durante la gestión 2019, registró e intervino en 201 conflictos sociales, a través de sus 17 oficinas a nivel nacional,  en los que se observó la vulneración de 273 derechos humanos, mismos que fueron objeto de seguimiento a través de su Sistema de Información de Conflictos Sociales (SICS).

Tras ser notificada con la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de otorgar medidas cautelares para la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz y el Delegado Defensorial de Cochabamba, Nelson Cox, para garantizar su protección de las agresiones y acoso que la institución defensorial enfrenta desde hace más de un mes, la Defensoría del Pueblo pide al Estado boliviano cumplir a la brevedad posible con lo solicitado por la entidad interamericana.