Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo en una investigación defensorial identificó que, entre enero y agosto de este año, sólo 89 de 339 gobiernos municipales, que representan el 26,25%, cumplieron con la adquisición del complemento nutricional “Carmelo” en una cantidad que cubre la demanda de menos del 50% de la población adulta mayor que accede a este apoyo alimenticio. 

La Defensoíra del Pueblo, exigió al Gobierno, en todos sus niveles, y a las entidades encargadas del pago de la Renta Dignidad y el aguinaldo adelantado de este beneficio, a garantizar la protección, un trato preferente y medidas de bioseguridad para las personas adultas mayores que desde mañana harán efectivo el cobro de este bono; y evitar que duerman afuera de entidades financieras, hagan largas filas expuestas a contagios de COVID-19 u otras enfermedades respiratorias.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, propone al Gobierno “Lineamientos de Prevención y Abordaje del COVID–19, en Centros de Acogida de larga estadía para Personas Adultas Mayores” y pide que se convoque al Consejo de Coordinación Sectorial por una Vejez Digna para que analice el documento con la finalidad de brindar directrices para la  prevención y abordaje de la enfermedad en estos establecimientos.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, reiteró que en los centros de acogida de larga estadía para personas adultas mayores persiste la falta de medidas de prevención y de atención frente a la COVID-19, lo que implica una vulneración de derechos de este grupo poblacional.

La Defensoría del Pueblo convoca a las familias y a la población en general a conmemorar el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se celebra hoy, tomando conciencia de la importancia de respetar los derechos de las personas adultas mayores.

La Defensoría del Pueblo coordina acciones con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI),  Pastoral Social Caritas Bolivia, la Plataforma Boliviana de Envejecimiento y la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia (ANAMBO), para promover e implementar el trato preferente a las personas adultas mayores en las entidades de intermediación financiera.

La Defensoría del Pueblo, la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, la Pastoral Social, y representantes de personas adultas mayores y rentistas y jubilados, definieron, en una reunión virtual, una serie de medidas para facilitar el cobro de la Renta Dignidad, jubilaciones y el bono Canasta Familiar a partir del 1 de junio.

La Defensoría del Pueblo, a través de una verificación, identificó la vulneración de derechos de más de 1.600 personas adultas mayores que se encuentran en 28 centros de acogida, quienes enfrentan limitaciones para acceder a alimentos, medicamentos, atención interdisciplinaria y otras necesidades básicas, debido a que, por la cuarentena dispuesta por el Gobierno, se les dificulta el cobro de la Renta Dignidad, jubilación y el bono Canasta Familiar.

 La Defensoría del Pueblo demandó al Estado boliviano a cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 23 de abril pasado urgió a los Estados a brindar una protección reforzada a las personas adultas mayores ante la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19; y solicitó la aplicación de medidas especiales para este grupo vulnerable de la sociedad a fin de evitar que sean expuestos a posibles contagios.

La Defensoría del Pueblo, este jueves, comenzó con la entrega de ayuda solidaria, víveres principalmente, a personas con VIH y trabajadores de circo en la Ciudad de Cochabamba, y a aproximadamente 300 familias del pueblo Yuqui que habitan en el Chapare y enfrentan carencias por la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 y no serán beneficiados con los bonos que el Gobierno decretó como un paliativo para este periodo.