Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo recordó a las autoridades del Gobierno que tienen la obligación constitucional de resguardar la privacidad, intimidad y dignidad de todos los pacientes enfermos de COVID-19 y les solicitó se abstengan de emitir criterios reñidos con el ordenamiento jurídico nacional.

La Defensoría del Pueblo, tras conocer que tres periodistas de Bolivia Tv. dieron positivo al coronavirus y que ese canal estatal no estaría garantizando la protección de sus trabajadores frente a la enfermedad, pidió al Ministerio de Comunicación informar sobre las medidas de bioseguridad que se están implementando en los medios estatales.

La Defensoría del Pueblo planteó al Gobierno incluir a los actores sociales en la construcción, implementación, control de estrategias y mecanismos para evitar la propagación del coronavirus una vez concluya la cuarentena total; asimismo, pidió acciones urgentes para replantear las medidas de promoción de la salud y prevención de la COVID-19, incluyendo un enfoque de derechos humanos e intercultural, a fin de generar aceptación y accesibilidad en la población.

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación porque, no obstante de haberse declarado, el 21 de mayo pasado, desastre sanitario en el departamento del Beni por la alarmante propagación del coronavirus, las autoridades nacionales, departamentales y municipales aún no activaron medidas efectivas para contrarrestar el crecimiento acelerado de casos positivos que al 28 de mayo alcanzan a 1.506 y 84 fallecimientos.

La Defensoría del Pueblo felicitó a todas las madres bolivianas, hoy 27 de mayo, al conmemorarse la lucha de las valerosas heroínas de la Coronilla (Cochabamba), y convocó al Estado a otorgar especial protección a las madres en situación de vulnerabilidad y demanda políticas para las jefas de hogar para paliar la crisis desatada por el COVID-19.

La Defensoría del Pueblo denunció una serie de atropellos protagonizados por guardias municipales de la Alcaldía de San Javier, en Santa Cruz, en contra de indígenas de la Central Indígena Paikoneka, cuando intentaron tomar la sede de esa organización con el argumento de convertirlo en un centro de atención para pacientes con COVID-19.

La Defensoría del Pueblo posibilitó, tras varias gestiones, que C. Quispe,  este lunes, retorne desde El Alto hasta el municipio de Yacuiba, en Tarija, donde la esperaban sus hijos de 14, 12 y 9 años, quienes se encontraban al cuidado de otros familiares tras el fallecimiento del padre el 16 de mayo pasado, afectado por una neumonía digestiva.

La Defensoría del Pueblo, tras un seguimiento a la implementación de laboratorios para la realización de pruebas de COVID-19, observó que a más de dos meses del inicio de la emergencia sanitaria, el Gobierno aún no puso en funcionamiento estos ambientes en todos los departamentos del país, no obstante de contar con los equipos e insumos, lo cual es una afectación a la salud de la población boliviana, por lo que exigió, de manera inmediata, poner en funcionamiento estos centros y asegurar la dotación de insumos y reactivos necesarios y suficientes.

La Defensoría del Pueblo demandó al Gobernador del Beni, Fanor Amapo, declarar, de forma urgente e inmediata, “desastre o emergencia” en ese departamento y en consecuencia, solicite de forma diligente la asistencia del Gobierno central para la atención de las necesidades emergentes por la propagación del COVID-19 en esa región.

La Defensoría del Pueblo, a través de una verificación, identificó la vulneración de derechos de más de 1.600 personas adultas mayores que se encuentran en 28 centros de acogida, quienes enfrentan limitaciones para acceder a alimentos, medicamentos, atención interdisciplinaria y otras necesidades básicas, debido a que, por la cuarentena dispuesta por el Gobierno, se les dificulta el cobro de la Renta Dignidad, jubilación y el bono Canasta Familiar.