Gestor de Notas de Prensa

Sucre, 29 de julio de 2021. La Defensoría del Pueblo y el Hospital Santa Bárbara, hoy, suscribieron un convenio interinstitucional para la capacitación y sensibilización del personal de salud sobre el ejercicio y vigencia de los derechos humanos e incidir en el buen trato a los pacientes.

La Defensoría del Pueblo pidió al recién nombrado gerente general de la Caja Nacional de Salud (CNS), Herland Tejerina Silma, emprender, de manera urgente, un proceso de reestructuración que dé una respuesta efectiva a las demandas de las y los asegurados y atender las quejas de pacientes que a diario cuestionan el mal funcionamiento del ente gestor.

La Defensoría del Pueblo condenó el uso indiscriminado de agentes químicos por parte de efectivos policiales en contra de un grupo de manifestantes que protestaba en cercanías de los predios de la Caja Nacional de Salud, sin tomar en cuenta que al interior de esta entidad, existe una huelga de hambre iniciad por pacientes renales y con cáncer que exigen la renuncia de la actual Gerente General del ente gestor.

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la medida extrema, como es la huelga de hambre, que llevan adelante pacientes renales y con cáncer, desde el 12 de julio, para exigir atención a sus pliegos petitorios, sin que hasta la fecha reciban una respuesta.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió al Ministerio de Salud y al Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA a garantizar la instalación de los equipos, la dotación de reactivos y personal calificado y poder realizar la prueba especializada de genotipaje solicitada por una persona con VIH-SIDA, y cumplir un fallo emitido en respuesta a una acción de amparo constitucional presentado para hacer efectivo dicho análisis.

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Una verificación realizada por la Defensoría del Pueblo constató que en la Caja Nacional de Salud (CNS) existen apenas 135 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para la atención de pacientes con COVID-19. Hasta 2020, el ente gestor contaba con algo más de 3,1 millones de asegurados y beneficiarios en todo el país.

La Defensoría del Pueblo llama a Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) a respetar la normativa vigente sobre medidas y acciones de contención y reducción de contagios de la COVID-19, que tienen la finalidad de proteger la salud y la vida de la población en general.

La Defensoría del Pueblo demandó medidas urgentes para mejorar el servicio del hospital José Eduardo Olmos de San Borja, Beni, luego de realizar una verificación en esas instalaciones en las que encontró varias limitaciones como, por ejemplo, que sólo uno de los dos quirófanos funciona o que la sala de aislamiento para infectados con COVID-19 no reúne las mínimas condiciones de infraestructura ni de bioseguridad. 

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió a las autoridades de la Caja Nacional de Salud (CNS) a corregir las falencias encontradas en una verificación realizada por esta institución y que aún persisten en cuanto a la organización y la falta de información para la vacunación contra la COVID-19 a personas adultas mayores.

La Defensoría del Pueblo ante quejas y reclamos de trabajadores del sector salud dependientes del Gobierno Municipal de Guayaramerín, que el pasado 1 de abril protagonizaron una protesta exigiendo la cancelación de sus salarios pendientes de cuatro meses, de diciembre a marzo, gestionó una reunión con la máxima autoridad edil, Helen Gorayeb, para disuadir a que se haga efectiva la cancelación a fin de evitar que se pueda afectar la atención en salud con la persistencia de una medida de presión.