Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo, dentro del trabajo que desarrolla en la promoción de los derechos humanos y  la prevención de la violencia, este jueves, suscribió convenios de cooperación interinstitucional con la Asociación Proceso-Servicios Educativos y organizaciones de mujeres de comunidades indígenas chiquitanas y guarayas.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, expresó su preocupación por la situación de desprotección en las que se encuentran las hijas e hijos de madres víctimas de feminicidio, por lo que instó al Estado a asumir acciones en ese sentido, y demandó a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Órgano Ejecutivo a aprobar medidas que garanticen y aseguren una efectiva protección a esta población.

La Defensoría del Pueblo lamentó el silencio e inacción por parte de las instancias competentes y responsables de la protección y atención de las niñas, niños y adolescentes en el país, ante la situación de desprotección en la que se encuentra esta población, lo cual se ve reflejado en las cifras sobre infanticidios, hechos de violencia o negligencia que se encuentran en investigación.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, instó al Gobierno a agilizar la declaratoria de Alerta Nacional ante el alarmante incremento de feminicidios, y exhortó a las instancias responsables de la prevención, atención, protección reparación y sanción contra la violencia hacia la mujer, que es la forma más extrema de discriminación en razón de género, a redoblar esfuerzos institucionales para erradicarla.

La Defensoría del Pueblo expresó su repudió por la campaña de desprestigio que se emprendió en redes sociales contra C.M.B.A., a raíz de una denuncia de agresión sexual que interpuso contra un conocido youtuber, hecho que estaría promoviendo el delito de violencia mediática al difundir comentarios que atentan contra su dignidad, honra e imagen por el único hecho de denunciar a su agresor.

La Defensoría del Pueblo, este lunes, presentó ante el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional la propuesta de “Protocolo para la Asistencia Integral de Hijas e Hijos de Madres Víctimas de Feminicidio”, para que esta instancia viabilice su tratamiento y aprobación en el Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas de la Niña, Niño y Adolescente, y poder garantizar que esta población reciba la protección que necesita ante la situación de indefensión y desprotección en la que queda.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, exigió al Ministerio de Gobierno y a la Policía Boliviana a desmovilizar al grupo de personas que hacen vigilia en puertas de la oficina defensorial de Cochabamba ante la intención de éste de afectar y atentar contra la integridad y la vida del Delegado Defensorial de ese departamento y del personal que trabaja junto a él.

La Defensoría del Pueblo verificó la muerte de Deybi Posto Cusi de 31 años, Edwin Jamachi Paniagua y un tercer fallecido aún no identificado, y alrededor de 30 personas heridas, este martes, durante el operativo policial-militar realizado en el sector de Senkata en la ciudad de El Alto, que tuvo como objetivo posibilitar la salida de cisternas con gasolina y camiones con garrafas de gas licuado de la Planta Senkata.

La Defensoría del Pueblo, tras coordinación con la dirigencia del Comité Cívico Potosinista procedió al destapiado y rescate de personas que quedaron atrapados en las instituciones públicas durante los días de conflicto post Elecciones Nacionales.

La Defensoría del Pueblo, durante todos los días del conflicto que vive el país, ha evidenciado graves actos de violencia que se han traducido en la afectación a la integridad de más de 500 personas, la muerte confirmada de 18 personas, durante toda la etapa de conflictividad, 14 de éstas en un contexto de intervenciones conjuntas entre Policía Boliviana y Fuerzas Armadas. Se ha observado un número importante de arrestos de civiles a partir del 10 de noviembre,  que han presentado signos notorios de tratos crueles, motivo por el cual se han remitido comunicaciones escritas de recordatorios, sobre las prohibiciones de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, tanto a la Presidenta del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana, solicitando que su accionar se enmarque en las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.