Gestor de Notas de Prensa

 A partir del informe de la CIDH: “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia", la Defensoría del Pueblo ha identificado algunos elementos que merecen ser repensados. Sin el ánimo de cerrar el debate es necesario resaltar lo siguiente:

Tras los hechos suscitados en el municipio de Ocurí (Potosí) el 8 de marzo de 2024, donde un grupo de comunarios habrían tomado de forma violenta la infraestructura de la Alcaldía Municipal exigiendo la renuncia de concejalas; la Defensoría del Pueblo interviene en el caso, donde se tendrían identificados actos de acoso y violencia política contra las concejalas, a quienes se les habría presionado y llevado en contra de su voluntad a la comunidad de Maragua para exigirles la renuncia a sus cargos.

Ante los hechos suscitados en el Centro de Educación Integral “Chetequije” donde se encuentran adolescentes atravesando distintos estados emocionales y de adaptación, tras ser acogidos circunstancialmente e institucionalizados; dos Asambleístas Departamentales realizaron una inspección sorpresa, ingresando a los ambientes del Centro vulnerando los derechos de reserva, confidencialidad e integridad de los adolescentes acogidos.

Ante las emergencias suscitadas en diferentes zonas del municipio de La Paz y en cumplimiento con la Ley Municipal Autonómica 005/2010 de Gestión Integral de Riesgos y Desastres en la cual señala que “en cumplimiento de la competencia exclusiva municipal establecida en el artículo 100, parágrafo III y numeral 12 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización el Alcalde o Alcaldesa de La Paz es la autoridad competente para declarar a través del documento jurídico idóneo que será posteriormente refrendado por el Concejo Municipal situación de emergencia y/o desastre en el ámbito de su jurisdicción” se insta al alcalde municipal de La Paz y al Concejo Municipal, emitir tanto la resolución ejecutiva que declara emergencia en el municipio de La Paz y que la misma sea refrendada por los Concejales en el menor tiempo posible.

Que, el art. 3 de la Convención de la CEDAW establece que los Estados deben “adoptar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer”. Así también, el art. 7 de la Convención de Belem do Pará estableció que los Estados deben “adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar” todas las formas de violencia contra las mujeres. 

En marzo, mes internacional de los Derechos de las Mujeres, ratificamos el permanente compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos y fundamentales de la población boliviana, así como la participación activa de la ciudadanía, en particular de las mujeres abogadas, en procesos históricos como las elecciones judiciales de 2024.

Habiendo conocido la decisión emanada de la Jueza de Apolo, Janeth Gladys Espinoza, respecto al proceso penal sobre la supuesta comisión de los delitos de difamación y calumnia contra los guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, RAUL ERASMO SANTA CRUZ GISBERT y MARCOS ENRIQUE UZQUIANO HOWARD, la Defensoría del Pueblo saluda la decisión de absolver por insuficiencia de pruebas a ambos servidores públicos, de los cargos por los que se los acusaba. 

Causa gran preocupación la determinación del Consejo Universitario de la Universidad San Francisco Xavier que, luego del censo, todo estudiante universitario debe presentar su constancia de haber sido censado en la ciudad de Sucre o en las provincias donde existen unidades académicas de la Universidad Pública para presentarse al primer parcial de la gestión académica 2024.

Luego de que la autoridad jurisdiccional de Apolo, Janeth Gladys Espinoza, dispuso la suspensión de la audiencia de juicio oral dentro del caso seguido en contra de dos Guardaparques e instruir su desarrollo de manera presencial el 29 de febrero de 2024 para recibir la declaración de testigos de cargo y descargo, la Defensoría del Pueblo exhorta a la autoridad jurisdiccional la necesidad de adoptar las medidas necesarias para precautelar el debido proceso y garantizar la integridad personal de las partes que intervienen en el proceso; además de los principios de inmediación, celeridad, independencia, así como el de sana crítica a momento de la valoración de las pruebas.

Es de conocimiento público el proceso penal iniciado contra de dos guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). Llama la atención que la institución a la que pertenecen se mantenga al margen del citado proceso y considere que el mismo es de carácter “privado”.