Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo, la noche de este miércoles, rindió un homenaje a Luis Espinal Camps recordando los 39 años de su asesinato, en un acto emotivo en el que se reconoció a Isabel Viscarra y al padre Xavier Albó, por su lucha emprendida en defensa de los derechos humanos y su compromiso en el trabajo que impulsó el sacerdote jesuita que llegó a Bolivia en 1968.

 La Defensoría del Pueblo, como resultado de la investigación realizada en el caso de la ciudadana brasileña E.C.A., quien denunció ser víctima de agresión sexual en celdas policiales, halló indicios de que habría sido víctima de trata de personas con fines de explotación sexual, por lo que pide al Ministerio Público iniciar una investigación por este delito, además de los delitos de violación, vejaciones, tortura y aborto sin consentimiento.

En respuesta y cumplimiento a la determinación de la Defensoría del Pueblo, la Caja Nacional de Salud de Sucre suspendió al médico J.N.M., jefe interino del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Obrero “Dr. Jaime Mendoza”, para iniciarle un proceso administrativo por negarse a realizar la interrupción legal del embarazo de la ciudadana P.A.A.

Ante la gravedad del caso de la adolescente de 14 años, víctima de violencia sexual por parte de sus hermanos y que se encuentra embarazada de aproximadamente ocho meses, la Defensoría del Pueblo intervino y gestionó de forma directa ante la Responsable de la Unidad de Asistencia Social y Familia del SEDEGES, el ingreso de la menor al centro de acogida Calor de Hogar; y coordinó que reciba asistencia especializada.

 Personal  de la Defensoría del Pueblo, este domingo,  se reunió con autoridades de la Dirección Nacional de Migración para conocer la situación de 15 ciudadanos venezolanos que fueron trasladados a oficinas de la Dirección Nacional de Migración porque estarían de manera irregular en el país, y verificar que se respete el debido proceso y el cumplimiento de lo que dispone la Ley 370  de Migración y el Decreto Supremo 1923 en cuanto a la salida obligatoria de personas extranjeras del territorio nacional.

Personal de la Defensoría del Pueblo se encuentra en la población de Rurrenabaque para hacer seguimiento a las acciones que se realizan por los hechos de agresión sexual a una ciudadana brasileña detenida en celdas policiales y que fueron denunciados en días pasados.

La Defensoría del Pueblo, el pasado 11 de marzo, remitió por primera vez, un informe  al Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, en el que se incluye información complementaria al informe remitido por el Estado boliviano sobre esta temática, luego de ocho años, en noviembre de 2018.

La Defensoría del Pueblo emitió una Resolución Defensorial en la que solicita a las autoridades del Hospital Jaime Mendoza de Sucre, a las oficinales regional y nacional de la Caja Nacional de Salud y al Ministerio de Salud, establecer  la responsabilidad civil, penal y/o administrativa que corresponda contra los responsables de la vulneración de derechos  de la ciudadana P.A.A., quien solicitó la interrupción legal y segura de su embarazo por malformación congénita del feto,  amparada en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 206/2014 y otras normativas.

La Defensoría del Pueblo, tras conocer el caso de la ciudadana brasilera que habría sido víctima de violación por parte de efectivos policiales en la carceleta de Rurrenabaque, en el departamento del Beni, abrió de oficio una investigación e inició acciones para resguardar su integridad y verificar la vulneración de derechos.

A la cabeza de la Delegación Departamental de La Paz de la Defensoría del Pueblo, se viene trabajando con 12 instituciones que han planteado un proyecto denominado “Modalidades Alternativas de Cuidado Familiar para Hijas e Hijos de la Cárcel de San Pedro” el mismo tendrá una duración aproximada de tres años, el primer año está financiado por UNICEF y operativizado por Aldeas Infantiles SOS en coordinación con Defensorías de la Niñez y Adolescencia de La Paz y El alto, Régimen Penitenciario y SEDEGES, los otros dos años del proyecto deben ser asumidos por las autoridades municipales departamentales y el nivel central en el marco de la Ley No 548, en ese sentido se llevaron adelante varias reuniones desde la gestión 2018, llegando a concluir con la firma de una carta de intenciones de la mesa interinstitucional denominada, “Por los Derechos de NNAs que Viven en Centros Penitenciarios en el Departamento de La Paz”.