Gestor de Notas de Prensa

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió al Ministerio de Gobierno y a la Policía Boliviana a desmovilizar a grupos civiles que incurren en actos violentos y discriminatorios, y que amedrentan e intimidan a la población afectando y atentando la integridad personal de las y los ciudadanos, lo cual podría constituirse en la comisión de delitos, por lo que espera que el Ministerio Público actúe de oficio para iniciar una investigación.

La Defensoría del Pueblo observó las declaraciones de la Presidente Jeanine Áñez, quien en un reciente acto público, pidió impedir el retorno de los "salvajes" al poder, en alusión al anterior gobierno; rechazó el proceso judicial por los hechos del 24 de mayo de 2008, cuando campesinos fueron humillados; y calificó de infundada la acusación de racismo que, a su criterio, es una de las mayores injusticias con los ciudadanos.

La Defensoría del Pueblo, durante todos los días del conflicto que vive el país, ha evidenciado graves actos de violencia que se han traducido en la afectación a la integridad de más de 500 personas, la muerte confirmada de 18 personas, durante toda la etapa de conflictividad, 14 de éstas en un contexto de intervenciones conjuntas entre Policía Boliviana y Fuerzas Armadas. Se ha observado un número importante de arrestos de civiles a partir del 10 de noviembre,  que han presentado signos notorios de tratos crueles, motivo por el cual se han remitido comunicaciones escritas de recordatorios, sobre las prohibiciones de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, tanto a la Presidenta del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana, solicitando que su accionar se enmarque en las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo ante los lamentables sucesos en la población de Sacaba, donde la tarde de este viernes se registró la muerte de cinco personas durante la intervención conjunta de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, que además dejó más de una treintena de heridos, expresa su alarma y preocupación ante este resultado en la intención de frenar el ingreso de una movilización cocalera a la ciudad de Cochabamba.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia, participó de la sesión de trabajo convocada por la Federación Iberoamericana de Ombudsman FIO, con el objetivo de discutir y analizar la incorporación del enfoque de derechos humanos en las evaluaciones de impacto ambiental, con miras de proponer recomendaciones para fortalecer este instrumento preventivo a la luz de los recientes desarrollos internacionales y regionales, para enfrentar la creciente conflictividad socioambiental en la región, particularmente asociada a la minería, los días 2 y 3 de septeimbre, en la ciudad de Santiago de Chile. 

La Delegación Defensorial de Chuquisaca, este jueves, socializó el contenido y alcances del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo de Escazu”, con representantes del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, INRA, gobiernos municipales de Sucre, Las Carreras, Yamparaez y Poroma, y organizaciones sociales. 

Una representación de la Defensoría del Pueblo participa del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible; expone los avances en derechos humanos
en Bolivia, en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el marco del trabajo que corresponde a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) de América Latina.

Con el objetivo de incidir en la ratificación del Acuerdo Regional Sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, “Acuerdo de Escazu”, y de promocionar su contenido con la sociedad civil,  Organismos No Gubernamentales, organizaciones sociales y Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, la Defensoría del Pueblo inició en Cobija su socialización, proceso que abarcará todo el país.

Miembros de los pueblos indígenas Yaminahua  y Machineri del departamento de Pando, el pasado jueves, recibieron información sobre el proyecto de Ley Departamental para la Prevención, Protección y Fortalecimiento de los Yaminahua, Machineri, Esse Ejja y el Pueblo No Contactado Pacahuara, elaborado y propuesto por la Defensoría del Pueblo.