Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo exhorta al Gobierno Nacional a adoptar medidas específicas de protección y prevención en favor de los grupos vulnerables de la sociedad, como personas en situación de calle, adultos mayores y niños y adolescentes concentrados en centros de acogida, pacientes con cáncer y enfermedades crónicas  y personas privadas de libertad, debido a que precisan una especial y urgente atención ante la emergencia derivada por la propagación del coronavirus COVID-19.

La Defensoría del Pueblo, el pasado viernes, presentó una propuesta normativa para sancionar a instituciones públicas y empresas privadas que incumplan con la inserción laboral de personas con discapacidad o de padres, madres, cónyuges o tutores a cargo de esta población menores de 18 años o con discapacidad grave y muy grave, a través de multas económicas de un 20% del salario a las máximas autoridades públicas y 10 salarios mínimos nacionales en el sector privado. 

 La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, expresó su repudio por las agresiones físicas de las que fue víctima una persona con discapacidad psíquica-mental, de iniciales R.R.LL., por parte de un grupo de manifestantes que participaron de la movilización del pasado 24 de octubre, en el municipio cruceño La Guardia y que derivó en enfrentamientos entre quienes rechazan los resultados de las recientes elecciones generales y quienes los defienden.

La Defensoría del Pueblo, este 15 de octubre, cuando se conmemora el “Día Nacional de las Personas con Discapacidad”, establecido según Decreto Supremo 27837, de 12 de noviembre de 2004, llama a reflexionar sobre la situación de esta población que se encuentra en desventaja frente a su entorno que evita su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas; entendiendo que la discapacidad emerge, principalmente, de las diversas barreras que le afectan, como son las arquitectónicas, actitudinales, comunicacionales y otras que impiden el pleno ejercicio de sus derechos.

La Mesa de Trabajo Interinstitucional para la Evaluación y Análisis del Proceso de Calificación de Discapacidad, de la que la Defensoría del Pueblo es Secretaría Técnica, consensuó y aprobó una propuesta de Decreto Supremo para reducir al mínimo el plazo para la obtención del carnet de discapacidad y la ampliación del tiempo de vigencia de este documento.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, destacó la importancia de contar con un Protocolo para la Emisión de Licencias para Conducir a Personas con Discapacidad Auditiva y el Manual de Procesos y Procedimientos de Certificación Médica y Psicológica a Conductores, documento que fue presentado, este viernes, por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) como respuesta a la demanda de ese sector en situación de vulnerabilidad.

La Defensoría del Pueblo realiza seguimiento al proceso penal iniciado contra una mujer, R.E.A., que fue denunciada por un hecho de discriminación contra un niño de 12 años con discapacidad intelectual, a quien se refirió con desprecio en un patio de comidas de la ciudad de Santa Cruz, en ese marco. El Ministerio Público citó a la denunciada para que la tarde de este lunes preste la declaración informativa. (Foto: RRSS)

Santa Cruz.- La Delegación Defensorial Departamental de Santa Cruz, el pasado 27 de junio, presentó y  socializó con el Concejo Municipal y representantes de las Asociaciones de Personas con Discapacidad del municipio de Buena Vista, un proyecto de ley municipal para esta población.

Personal de la Defensoría del Pueblo, junto a miembros del Consejo Educativo de Padres de Familia del Centro de Educación Especial Caranavi II, se dirige a la localidad de Yolosita, en el sector de los Yungas, para rescatar a seis estudiantes con discapacidad, tres de ellos menores de edad, y a dos profesoras, una con su bebé, quienes se vieron afectados por el uso de dinamita por parte de los bloqueadores, cuando se trasladaban hacia Caranavi luego de participar en un evento deportivo en la ciudad de La Paz.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió agilizar el análisis y tratamiento normativo para modificar el Decreto Supremo 3437 que reglamenta el pago del bono mensual a personas con discapacidad grave y muy grave, y así subsanar la afectación a este sector que debe esperar entre seis a 18 meses para poder cobrar este beneficio.