Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo ha verificado que ocho establecimientos de salud de la ciudad de Santa Cruz acatan el paro de 48 horas convocado por el Consejo Departamental de Salud (Codesa), debido a la falta de atención a sus demandas, como la aplicación de una cuarentena rígida y la mejora en la dotación de equipos de protección personal e insumos de bioseguridad. Los nosocomios que cumplen con la medida de protesta son:  Maternidad Percy Boland, Hospital San Juan de Dios, Hospital del Niño Mario Ortiz, Hospital Japonés y 400 Camas – Caja Nacional de Salud (Tercer nivel) y Hospital los Pocitos, Hospital Pampa de la Isla y el Remanso (Segundo nivel), que sólo ofrecen servicios de emergencia, pero no de las otras especialidades médicas.    

La Defensoría del Pueblo demanda a las autoridades municipales y departamentales de Santa Cruz que generen un espacio de diálogo para atender las demandas del Consejo Departamental de Salud (CODESA) de esa región, que determinó un paro de actividades de 48 horas, y les recuerda que tienen la obligación de garantizar la prestación del servicio de salud, mucho más ahora que atravesamos la segunda ola de la COVID-19.

La Paz, 02 de febrero de 2021.- La Defensoría del Pueblo reprocha que los médicos de Santa Cruz hayan llevado a cabo un paro de actividades, pues esta medida atenta en contra de la salud de la población, más aún en un periodo de pandemia por la COVID-19, y exhorta tanto a las instancias gubernamentales como al sector movilizado a buscar el diálogo como medida de entendimiento real, sincero, razonable y con medidas proporcionales, para evitar el conflicto que, en este caso, usa a la población como recurso de presión.

La Paz, 02 de febrero de 2021.- La Defensoría del Pueblo evidenció que las inspectorías laborales dependientes del Ministerio de Trabajo, redujeron hasta menos de la mitad su trabajo de inspección laboral y técnica, la cantidad de su personal contratado y la cantidad de denuncias recibidas, entre otras tareas, en el contexto de la pandemia por la COVID-19, razón por la cual demanda a esta instancia gubernativa reforzar las jefaturas departamentales regionales, instruir la realización de inspecciones e implementar medidas de bioseguridad para la atención al público, entre otros aspectos.

La Defensoría del Pueblo pondera la llegada al país del primer lote de 20.000 vacunas Sputnik V, adquiridas por el Gobierno Nacional directamente del Gobierno de Rusia, y saluda que las primeras dosis sean aplicadas al personal de salud que está en la primera línea de combate contra la pandemia de la COVID-19.

La Paz, 26 de enero de 2021.- La Defensoría del Pueblo detectó que los centros de atención para personas que viven con el VIH/sida (PVVs) no reúnen las condiciones necesarias de infraestructura ni de personal para atender a estos pacientes, debido a que el 77% de las infraestructuras visitadas no reúnen las características mínimas para este sector y porque el 86% de esos establecimientos carece de personal multidisciplinario requerido, según el informe defensorial “Evaluación de los servicios de tratamiento a las personas que viven con VIH/sida”.

La Defensoría del Pueblo exige al Estado, en sus instancias nacionales, departamentales y municipales, implementar con carácter de urgencia acciones de protección para los adultos mayores, debido al constante incremento de casos positivos de la COVID-19 en el país y porque más del 50% de los decesos, según datos a octubre de 2020, fueron de personas adultas mayores. 

La Defensoría del Pueblo censura que las autoridades nacionales, tanto judiciales, penitenciarias y sanitarias, no hayan activado los mecanismos suficientes para proteger de contagios de la COVID-19 a los adolescentes de los Centros de Reintegración Social (CRS) del  país, según el Informe Defensorial “Situación de las y los adolescentes en Centros de Reintegración Social en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19”.

La Defensoría del Pueblo demanda al Gobernador de La Paz, Féliz Patzi, que asuma medidas para garantizar una atención ininterrumpida en la Unidad de Oncología del Hospital de Clínicas, que actualmente enfrenta restricciones en el servicio debido a que su personal se encuentra con baja médica por COVID-19.

La Defensoría del Pueblo advierte que, durante la primera ola de la pandemia de la COVID-19, la respuesta estatal fue insuficiente e inoportuna, según el Informe Defensorial “Salud, derechos humanos y Covid-19 en Bolivia”, elaborado con información obtenida en 38 establecimientos de salud entre febrero y noviembre de 2019.