Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo condenó hoy el uso indiscriminado de la fuerza pública por parte de agentes de la Policía Boliviana, que gasificaron a los familiares de las víctimas de la masacre de Senkata, ocurrida en noviembre del pasado año, y afectaron a un centenar de niños de la Unidad Educativa 25 de Julio.

La Defensoría del Pueblo expresa especial preocupación por el accionar del Ministerio Público y del Órgano Judicial del país, debido a que no está actuando conforme a la Constitución Política del Estado, que establece que los casos de niñas, niños y adolescentes deben merecer su atención prioritaria a fin de garantizar el interés superior de esos grupos sociales.

La Defensoría del Pueblo, dentro del trabajo que desarrolla en la promoción de los derechos humanos y  la prevención de la violencia, este jueves, suscribió convenios de cooperación interinstitucional con la Asociación Proceso-Servicios Educativos y organizaciones de mujeres de comunidades indígenas chiquitanas y guarayas.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, expresó su preocupación por la situación de desprotección en las que se encuentran las hijas e hijos de madres víctimas de feminicidio, por lo que instó al Estado a asumir acciones en ese sentido, y demandó a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Órgano Ejecutivo a aprobar medidas que garanticen y aseguren una efectiva protección a esta población.

La Defensoría del Pueblo lamentó el silencio e inacción por parte de las instancias competentes y responsables de la protección y atención de las niñas, niños y adolescentes en el país, ante la situación de desprotección en la que se encuentra esta población, lo cual se ve reflejado en las cifras sobre infanticidios, hechos de violencia o negligencia que se encuentran en investigación.

Santa Cruz.- La Defensoría del Pueblo inició una investigación de oficio sobre el caso del niño fallecido en una guardería de esta ciudad, ante la posibilidad de incumplimiento de deberes del Servicio Departamental de Política Sociales (SEDEPOS) y del gobierno municipal de Santa Cruz, debido que ese centro infantil funcionaba  de forma irregular sin contar con registro legal para ello.

La Defensoría del Pueblo, como resultado del seguimiento realizado a sus recomendaciones emitidas a 18 municipios a nivel nacional, para que adopten medidas necesarias a fin de mejorar las condiciones de las unidades educativas en las que se encontraron falencias, logró que en 35 de 69 centros de enseñanza, casi el 51%, se hagan mejoras en la infraestructura, condiciones sanitarias, dotación de mobiliario, material deportivo, botiquines y seguridad vial.

 Potosí.- La Defensoría del Pueblo, a través de su oficina en Potosí, inicio una investigación tras conocer de la presencia de niñas y niños de un kindergarten en una caminata en la que pedían paz y tranquilidad, ya que se estaría infringiendo la Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente que prohíbe la “utilización de la niña, niño o adolescente, como objeto de presión o chantaje en conflictos sociales, así como la instigación a participar en cualquier tipo de medidas de hecho”.

La Defensoría del Pueblo, ante la difusión de imágenes de cuerpos de víctimas de los infaustos hechos de octubre de 2003, en vallas publicitarias y gigantografías colocadas en varios puntos de la ciudad de El Alto, sin ningún tipo de respeto a la dignidad e imagen personal de ellas y sus familiares, y sin considerar que este tipo de material está expuesto públicamente a la vista de niños, niñas y adolescentes, y cuanto transeúnte recorra las vías donde están expuestas, expresa su rechazo enérgico y condena el uso insensible y con fines políticos de las mismas.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), emitió un fallo en favor de la Defensoría del Pueblo, y le concedió la solicitud planteada en la acción de amparo constitucional que interpuso contra el colegio Boliviano Alemán “Ave María” por la vulneración del derecho a la educación y actos discriminatorios cometidos por esta unidad educativa en contra de un grupo de estudiantes por el hecho de que sus progenitores no acataron un incremento ilegal en las pensiones escolares para 2019.